El Consejo de la UE adoptó este martes los textos negociados políticamente, una semana después de que el Parlamento Europeo también diera su visto bueno a la nueva legislación en sesión plenaria.
"Hoy es un buen día para el clima: las políticas climáticas de la UE ahora coinciden con nuestra ambición. La adopción final en el Consejo coloca a la UE en el camino correcto para implementar nuestro objetivo para 2030", declaró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.
Los expedientes aprobados, entre los que se cuenta también un Fondo Social para la transición energética, forman parte del paquete climático "Fit for 55" diseñado para que las emisiones de CO2 de la UE se reduzcan al menos en un 55 % en 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Ese gran paquete legislativo, que funciona como columna vertebral del llamado Pacto Verde Europeo, fue reforzado en algunos aspectos tras el inicio de la guerra en Ucrania para agilizar el despliegue de renovables y reducir la dependencia del gas ruso.
CARBONO EN FRONTERA
La herramienta más novedosa de los textos adoptados es el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por su siglas en inglés), que busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son más laxas.
En particular, este gravamen se aplicará a partir del 1 de octubre de 2023 a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión, con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones.
El sistema se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.
Los importadores europeos de los productos afectados tendrán que obtener, primero, una autorización y, después, comprar los derechos de emisión de CO2 correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si esos mismos bienes se hubiesen producido dentro de las fronteras del club comunitario.
Las exigencias se irán endureciendo gradualmente desde 2026 a 2034.
COMERCIO DE EMISIONES
Ese nuevo mecanismo está muy ligado a la ampliación del sistema de comercio de emisiones de CO2 en la UE, el llamado ETS, que funciona desde 2005 y pone precio al dióxido de carbono liberado por unas 11,000 instalaciones industriales intensivas en consumo de energía.
La nueva normativa mantendrá dentro del ámbito de ETS la aviación, incluirá el transporte marítimo pesado y reducirá gradualmente el volumen de derechos gratuitos de emisión de CO2 para llegar a cero en 2040 e incentivar así el cambio hacia tecnologías más limpias.
Actualmente, el precio de cada tonelada de carbono emitida ronda los 100 euros en el sistema ETS y la recaudación que genere ese mercado deberá destinarse a la acción climática.
La revisión del sistema incluye también la creación de un mercado paralelo conocido como ETS 2 que gravará el CO2 de los carburantes empleados para el transporte rodado y la calefacción de los edificios a partir de 2027.
FONDO SOCIAL
Los ingresos generados por el ETS 2 se destinarán al Fondo Social del Clima, que tiene por objetivo aportar unos 86,000 millones de euros para ayudar a las familias vulnerables en la transición climática.
