Los documentos aportados por la organización ecologista, el texto legal del pacto, señalan que la suspensión total del acuerdo "es una medida de último recurso" y solo puede imponerse en el caso de violaciones "particularmente serias y sustanciales" de lo que ambos bloques consideran "elementos esenciales".
Estos elementos únicamente serían la proliferación de armas de destrucción masiva y el respeto a los derechos fundamentales y principios democráticos.
El texto apunta a que las "medidas apropiadas" que las partes pueden tomar si se han violado elementos de estos dos principios "pueden incluir la suspensión parcial o total" del acuerdo.
No obstante, en el caso de violaciones de cualquier otro capítulo del acuerdo, entre las que se incluirían las cláusulas ambientales y el respeto al Acuerdo de París, se debe en primer lugar notificar a la parte infractora y "cooperar para resolver el problema de manera amigable" y en pos de "una solución aceptable para ambos".
En el caso de que no se logre resolver la disputa, el bloque que haya notificado la infracción puede suspender solo parcialmente la aplicación del tratado, en cuyo caso ambas partes quedan liberadas de la obligación de cumplimiento de esa parte mientras siga suspendida.
El pacto con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) sí incluye referencias al Acuerdo de París y ambas partes "reiteran su compromiso de implementarlo", pero sin metas concretas que cumplir o repercusiones en el caso de que no se cumpla.
El experto en Comercio de Greenpeace Juergen Knirsch advirtió en un comunicado de que la omisión de "compromisos sancionables" sobre medioambiente y la crisis climática "muestran el poco caso que presta este acuerdo a los retos existenciales que enfrentamos".
"En el siglo XXI, los acuerdos internacionales deben tener la protección de las personas y la naturaleza en su núcleo, no como algo que es bonito tener", criticó el experto.
Los documentos filtrados por Greenpeace, fechados en el 18 de junio de este año, constituyen la puesta en marcha legal del acuerdo político entre los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur, cerrado en junio de 2019 tras más de veinte años de negociaciones.
No obstante, el acuerdo ha recibido fuertes críticas de quienes consideran que no cuenta con suficientes requisitos para proteger el Amazonas, y la propia Comisión Europea (CE) -que negocia los acuerdos comerciales en nombre de los países de la UE- ha reconocido que debe mejorar la implementación efectiva de los compromisos ambientales en sus acuerdos comerciales.
Holanda, Austria y Francia, entre otros, ya han rechazado validar el acuerdo si el Ejecutivo brasileño no cambia sus políticas medioambientales, y el Parlamento Europeo (PE) anunció esta semana que no ratificaría el texto si se mantiene en su forma actual.
El acuerdo está actualmente en proceso de verificación jurídica y traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión.
Según fuentes de la Comisión Europea, solo entonces podrán determinar si por parte de la UE, además de tener que aprobarlo la Eurocámara, debe pasar el examen también de los parlamentos nacionales.