El área de bajas emisiones, conocida como Madrid Central, afecta a la mayor parte del centro histórico de la capital española y su puesta en marcha había sido una de las medidas estrella del anterior gobierno municipal de izquierda.
El Gobierno municipal actual, dirigido por el conservador José Luis Martínez Almeida, aprobó hoy la suspensión de las multas a los conductores que entren en esa zona de bajas emisiones con vehículos más viejos y contaminantes.
La moratoria se extenderá del 1 de julio al 30 de septiembre, según la medida aprobada por la mayoría de gobierno conservadora elegida en los comicios municipales del pasado 26 de mayo, unas elecciones en las que el apoyo o el rechazo a Madrid Central fueron argumentos clave.
Con la medida aprobada hoy, Madrid Central volverá a la fase en la que los conductores de vehículos contaminantes que accedan indebidamente a la zona restringida recibían notificaciones de la infracción pero no multas económicas.
Desde su puesta en marcha el 30 de noviembre de 2018, Madrid Central fue objeto de numerosas críticas de sectores conservadores y se convirtió en uno de los debates de campaña para los comicios municipales que se celebraron el pasado 26 de mayo.
El gobierno municipal encabezado por Martínez-Almeida no prevé aumento del tráfico en el centro de la ciudad porque asegura que ya hay "concienciación" acerca de que la mejor forma de acudir es en transporte público, explicaron portavoces municipales.
Añadieron que se trabajará en otras medidas para reducir la polución atmosférica del centro de Madrid, como la frecuencia de los autobuses urbanos, el fomento de los autos eléctricos o la sustitución de las calderas de calefacción más contaminantes.
La organización ecologista Greenpeace aseguró este miércoles que la capital española registra "los mejores niveles de contaminación e la última década", por lo que advirtió al Ayuntamiento contra revertir los logros de Madrid Central.
El anuncio del nuevo Ayuntamiento de que suspendería las multas durante tres meses generó desde la pasada semana una serie de críticas y opiniones negativas, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, y el Partido Socialista (PSOE), en la oposición municipal, advirtió de que solicitaría medidas cautelares en los tribunales para intentar revertir la medida.