Mientras las naciones del mundo negocian un tratado para conservar la biodiversidad de los océanos -después de que estas conversaciones de la ONU quedaran sin acuerdo el año pasado-, los especialistas defienden en una entrevista con EFE que, en parte por justicia ambiental, debería prohibirse la actividad pesquera en alta mar, área que cubre “un 60 % de los océanos del planeta”.
Sumaila, economista, y Pauly, ecólogo, han sido galardonados con el premio Tyler al Logro Ambiental 2023, que otorga desde hace 50 años la Universidad del Sur de California (EE.UU.) y que repartirá entre los dos expertos 250,000 dólares para reconocer su contribución a la ciencia de la gestión responsable de recursos y ecosistemas marinos, según se ha anunciado este miércoles.
Ambos especialistas, nacidos en Francia (Pauly) y en Nigeria (Sumaila), lideran varias iniciativas de investigación enmarcadas en el Instituto para los Océanos y la Pesca de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), y forman parte de la junta de directores de la organización conservacionista Oceana.
Su propuesta para proteger las especies pesqueras del mundo no amenazaría la seguridad alimentaria de ningún país, aclaran, sino que, al contrario, “facilitaría el movimiento de los peces” entre las aguas internacionales -toda la superficie marítima que queda fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los estados (200 millas náuticas desde sus costas)- y permitiría a los países capturarlas dentro de sus ZEE.
Una de las claves de su plan, según destacan, es el principio de equidad en el que se basa pues “en estos momentos entre el 70 y el 75 % del valor de la pesca de alta mar se lo llevan unos pocos países”, mientras que esta área “se supone que pertenece a todos los ciudadanos del mundo”, arguye Sumaila.
“Con esta prohibición de pescar en alta mar todos los peces -o la mayoría- circularían de forma que también los países más pequeños puedan beneficiarse de ello”, incide Pauly.
El ecólogo mantiene que los pequeños países insulares -como las naciones del Pacífico- están legitimados para reclamar medidas que les aporten “algo de ventaja” en la pesca, puesto que son “una víctima del Norte Global", al ser los mayores afectados por la subida del nivel del mar y otros impactos del cambio climático, fenómeno al que por otro lado apenas contribuyen.
Esta ventaja, según Pauly, se podría lograr haciendo que estas islas ganen acceso a los recursos marinos respecto a los barcos de grandes flotas como la coreana, la japonesa, la china o la española.
En este sentido, el ministro de medio ambiente de la Polinesia Francesa, Heremoana Maamaatuaiahutapu, respaldó hace dos semanas la prohibición de la pesca en alta mar, así como de la minería de los fondos marinos, según expresó en un congreso de la ONU en Vancouver.
“Tendrías que ver la ovación que se produjo” después de que Maamaatuaiahutapu pidiera esta prohibición “La gente se emocionó muchísimo”, celebra Sumaila.
Este experto juzga que, tal y como se dejó en las anteriores conversaciones, el tratado que se negocia estos días “es muy pequeño en términos de sostener la vida en alta mar”, mientras que está insatisfecho con otro importante acuerdo alcanzado en 2022, por el que -después de 20 años de discusiones- la Organización Mundial del Comercio convino poner fin a las subvenciones que contribuyen a la sobreexplotación de los océanos.
Los expertos no se muestran contentos con el texto acordado, que consideran será “muy difícil de implementar” dada “la forma en que se ha configurado”.
Por ejemplo, el acuerdo establece que no podrán concederse ayudas a buques que practiquen pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida por sus siglas como INDNR o, en inglés, IUU).
“Pero ¿quién tiene los datos de ese tipo de pesca?”, se pregunta Sumaila.
Según los especialistas, la estimación más aproximada a la realidad es que el 20 % de los pescados que se consumen a nivel global proviene de pesca INDNR.
Por otro lado, los expertos critican que el texto deja en manos de los estados la decisión de retirar una subvención tras constatar que ha contribuido a la sobrepesca, por lo que los gobiernos pueden simplemente no evaluar las pesquerías para poder seguir subsidiando esta actividad, por dañina que sea para los ecosistemas marinos.