En 2019, este joven abogado, junto a compañeros de la Escuela de Derecho, decidió emplear los conocimientos adquiridos en beneficio de la comunidad y, tras un análisis, descubrieron que el cambio climático era la mayor preocupación, porque lo vivían "día a día".
Yeo recuerda que las islas han sufrido ciclones devastadores, intrusión marina, cortes en el suministro de agua y cambios en los patrones meteorológicos que afectan a los cultivos. Y muchos de estos eventos "han tenido un efecto emotivo, pero también ha servido para despertar la preocupación en los ciudadanos y en los propios jóvenes".
Por ello, analizaron cómo podían utilizar las leyes para lograr los cambios que se necesitan en la lucha climática, y "lo más frustrante es que muchas de las soluciones que se han implementado en el Pacífico y en el resto del mundo solo han sido soluciones curativas, es decir, que solo abordan los síntomas, pero no van a las causas de la crisis climática".
Desean buscar una "solución global" porque, después de treinta años de negociaciones climáticas con la participación de los gobiernos en las reuniones de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas y en las previas a ellas y de la firma del Acuerdo de París, no ven "progresos sólidos ni el deseo de colaboración de los países desarrollados para lograr soluciones más eficientes".
Porque "el Acuerdo de París tiene una ingeniosa arquitectura que se ha desarrollado para garantizar los esfuerzos globales para abordar el cambio climático juntos", según Yeo, para quien, sin embargo, a pesar de ser el principal progreso, "tiene algunas brecas visibles en la rendición de cuentas, la equidad, la justicia o la ambición climática y debido a estas brechas no se ven avances en las negociaciones".
Y ante esta situación han decidido recurrir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para lograr un cambio y la aceleración de las medidas adecuadas de los compromisos internacionales de cambio climático, una "opinión consultiva en el esclarecimiento de las obligaciones de los Estados de acuerdo al Derecho Internacional que ya existe".
Esta proposición fue bienvenida por el Gobierno de Vanuatu que decidió escuchar a los estudiantes y redactar un texto que se presentará en la Asamblea de Naciones Unidas este 29 de marzo, tras ser consensuado por más de 120 países, según explicó el ministro de Medio Ambiente de este país insular en el Pacífico, Ralph Regenvanu, y el enviado especial para cambio climático y representante permanente de Vanuatu ante Naciones Unidas, Odo Tevi.
En opinión del presidente de Pacific Island Students Fighting Climate Change, por un lado, esto ayudará a aclarar las posiciones y garantizar el cierre de brechas del Acuerdo de París, y, por lo tanto, ajustar los compromisos de manera más ambiciosa y efectiva.
Por otra parte, la Corte podrá definir los compromisos, obligaciones y responsabilidades en general recogidas en el derecho internacional que comprometan aún más los esfuerzos para garantizar que la temperatura no suba más allá de 1,5 grados en las próximas décadas.
Según Solomon Yeo, "a pesar de que las cosas están cambiando" existen aún gobiernos que "siguen aprobando proyectos que fomentan el calentamiento global, que destruyen el medio ambiente y desprecian el futuro de las generaciones venideras".
No valen solo las quejas, señaló, e incidió en la necesidad de "poner soluciones sobre la mesa". "La filosofía que traemos -dijo- es que la opinión consultiva de la Corte Penal Internacional sobre el cambio climático será el paso correcto para que los gobiernos avancen y se alejen de esa forma de vida tóxica en la que estamos y que causa peligro a todos en este planeta".
En su opinión, la votación este miércoles en la Asamblea de Naciones Unidas será un "gran testamento del nivel de colaboración que los gobiernos tanto del Sur Global como del Norte Global puedan hacer para garantizar que el estado de derecho sea muy claro sobre las obligaciones que se necesitan para proteger a las generaciones actuales y futuras frente a los impactos del cambio climático".