Como lo ha reiterado el propio Miguel Ángel Mancera en múltiples ocasiones, “eficiencia energética” implica cambiar la forma en que producimos y consumimos energía para aprovechar las energías renovables y garantizar un futuro más sustentable para la Ciudad y el mundo.
Las principales mejoras a estos ordenamientos contemplan:
- Que las construcciones plurifamiliares de más de 3 viviendas, las unifamiliares de 100 o más m2, así como las albercas, fosas de clavados y todos establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de servicios y de espectáculos que usen agua caliente y cuenten con más de 30 empleados, deberán instalar, además del sistema convencional de calentamiento de agua un sistema de calentamiento de agua por medio de aprovechamiento de energía solar.
- Que las edificaciones no habitacionales deberán contar con redes de agua tratada y de agua de lluvia para todos los usos que no requieran agua potable.
En las próximas cuatro semanas será publicada la Norma Técnica Complementaria que establecerá con precisión las consideraciones técnicas, fórmulas, tablas, etc, para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el Reglamento, en los siguientes rubros:
- Aislantes Térmicos para Edificaciones
- Eficiencia Energética en Edificaciones
- Características Térmicas y Ópticas del Vidrio y Sistemas Vidriados para Edificaciones.
- Eficiencia energética de bombas y sistemas de bombeo de agua
- Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades
- Eficiencia energética de motores eléctricos
Estas acciones son parte de la estrategia integral articulada por el mandatario capitalino para mitigar los impactos del cambio climático y reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero y se encuentran establecidas dentro de la Meta 26 en el Programa Proaire para fomentar el uso de energía solar para el calentamiento de agua en los sectores doméstico, comercial, de servicios e industrial. Esta acción ha quedado trazada como compromiso del gobierno de la CDMX en el Grupo C40 de Ciudades Líder del Clima (C40) y el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía.
La viabilidad de la normatividad en la materia se planteó con asistencia técnica del Instituto Mundial de Recursos – Movilidad Urbana Sustentable (WRI – EMBARQ por sus siglas en inglés), el Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID – MLED) y la cooperación técnica del Reino de Dinamarca.