El Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (Programa TDT) establece como su objetivo primero: “Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y el uso de tecnologías de la información y la comunicación”.
Ello, a partir de dos líneas de acción: La primera, una intensa campaña para informar a los beneficiarios sobre las bondades de la transición y la necesidad de que adquieran un nuevo televisor. Dicha acción está dirigida a beneficiarios de estratos socioeconómicos con el poder adquisitivo suficiente, a quienes se promueve la venta de equipos y descuentos por temporadas.
La segunda, está dirigida a la población de escasos recursos que no cuenta con los medios económicos suficientes para adquirir un aparato nuevo, para lo cual se ha proyectado un programa de cobertura social.
Dicha estrategia numerada como “1.2” tiene entre sus líneas de acción: Integrar un padrón que identifique los hogares beneficiarios del programa de cobertura social y estará a cargo de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Social (SEDESOL).
Desde 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la entrega de televisores digitales a los hogares inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la SEDESOL; siendo este, el único requisito para la entrega de los televisores de conformidad con el Programa de Trabajo antes mencionado.
Por lo anterior, “resulta preocupante e indignante -manifestó Montiel Reyes- que siendo beneficiarios de los programas de la SEDESOL (dependencia que tiene la obligación de proporcionar su padrón a la SCT para dar cumplimiento al Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional y al propio Programa de Trabajo del 13 de mayo de 2014) se estén vulnerando los derechos esa gente que ya cumplió con los requisitos establecidos y se aproveche para obtener mayores datos personales y de identidad como es el caso de sus huellas dactilares.
La legisladora acusó que, en un procedimiento totalmente irregular, los beneficiarios de este programa son sometidos a un fichaje en el que son tomadas las huellas de todos los dedos, se escanea la credencial de elector, el registro del domicilio, teléfono, y una fotografía.
Al considerar que esas dependencias federales incurren en una actividad injustificada, el Pleno de la diputación permanente emitió una condena al hecho y solicitó a la Secretaria de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegar a fondo en la investigación de estos eventos, y solicitó además a la Secretaria de Desarrollo Social, suspender inmediatamente la entrega de televisores bajo estas condiciones, así como presentar uno padrón de quienes han sido beneficiados del mismo.