Consensos para avanzar en combate a la corrupción: PVEM

Con miras a fortalecer la nueva Ley del Sistema Anticorrupción para la Ciudad de México, que en breve se presentará ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada Eva Lescas Hernández, aseguró que los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, entre ellas la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, tienen una alta responsabilidad y un gran compromiso con los habitantes de la capital del país, para sacar adelante la nueva Ley.

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La diputada del Partido Verde, reconoció que la corrupción es un mal que atenta no sólo contra los capitalinos, sino contra los mexicanos y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno. En este sentido, aseguró que el reto es diseñar e implementar una nueva Ley del Sistema Anticorrupción para la Ciudad de México, que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública y que combata y sancione aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por servidores públicos.

La legisladora subrayo que los sectores más vulnerables son quienes más recienten los actos de corrupción de servidores públicos, y coincidió con la diputada priista Dunia Ludlow, al señalar que la falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo de la ciudad.

“Los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo los sectores más vulnerables, tenemos grandes expectativas, no solamente porque es una ley que acabará con la corrupción y controlará la opacidad en el manejo de los recursos públicos, de tal forma que la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, contarán con los recursos financieros y humanos, así como la autonomía necesaria para sus labores de fiscalización y perseguir los delitos de corrupción”, enfatizó.

Agregó que su fracción se encuentra atenta de manera permanente para analizar, discutir y aprobar el dictamen sobre la nueva ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, e hizo un llamado a los asambleístas para alcanzar los acuerdos y destrabar los asuntos pendientes para la nueva normatividad.

Explicó que delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos al año, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

“Es tiempo de unir ideas, pues más allá de la fuerza política o Grupo Parlamentario a la que pertenezcamos, es necesario alcanzar los consensos políticos que nos permitan erradicar la corrupción en la Ciudad de México, lo que representará una estrategia histórica y eficaz, que logrará identificar y sancionar estas conductas”, concluyó.