Las sanciones van desde apercibimientos, amonestaciones, suspensiones y destituciones, hasta inhabilitación para desempeñarse en el servicio público.
En dependencias y órganos desconcentrados se sancionó a 44 servidores públicos; en delegaciones a 15 y en entidades a 37.
Entre las sanciones más relevantes se encuentran: Servicios de Salud Pública, coordinador, inhabilitación por 11 años; delegación Coyoacán, director general, inhabilitación por tres años; Secretaría de Obras y Servicios, secretario, inhabilitación por tres años; delegación Coyoacán, director de Área, inhabilitación por tres años; delegación Coyoacán, director general, inhabilitación por dos años; Secretaría de Obras y Servicios, director de Área, inhabilitación por dos años; delegación Coyoacán, directores de Área (2), inhabilitación por un año; delegación Cuauhtémoc, director general, suspensión por 90 días; Fideicomiso del Centro Histórico, director general, suspensión por 90 días; Secretaría de Finanzas, contralor Interno, suspensión por 45 días.
La Contraloría sancionó a 96 servidores públicos, fijó por concepto de sanciones económicas un total de 37 millones 300 mil pesos; destituyó a 13 de ellos e inhabilitó a 35 de sus funciones, por periodos de tiempo que van de uno hasta 11 años; suspendió a 41 servidores públicos con sanciones de entre tres y hasta 90 días en sueldo y funciones, en su empleo, cargo o comisión actual, y giró 19 amonestaciones públicas para igual número de servidores públicos.
La CGDF continuará ejecutando las sanciones que correspondan, atendiendo las denuncias radicadas ante esta dependencia, lo que implica observar las etapas procesales tales como: la radicación de los expedientes de investigación, notificación de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos) concluyendo con la emisión de la resolución relativa al caso concreto.
Con estas acciones, el Gobierno de la CDMX y la CGDF refrendan su compromiso de respetar el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando con ello la legalidad, la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
Es importante resaltar que en cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales existe un impedimento jurídico para revelar nombres o particularidades que vulneren la protección de datos personales y, con ello, la intimidad y dignidad de las personas, tal como lo establece el artículo primero constitucional y relativos.
La CGDF exhorta a la ciudadanía a que denuncie cualquier acto irregular cometido por servidores públicos de la APDF, a través de la página de Internet anticorrupcion.df.gob.mx, al teléfono 56279739 o mediante la cuenta de Twitter: @ContraloriaCDMX.