"La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante", explicaron los relatores en un comunicado.
Lanza señaló que los asesinatos de comunicadores son un grave ataque contra la profesión y la libertad de expresión en México, por lo que "el periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetados y reconocidos del país".
En lo que va del 2017, siete informadores han sido asesinados en el país, "Javier Valdez es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México" aseguró el funcionario de la CIDH.
En respuesta a la situación en el país, el presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció ayer, un plan en conjunto con la Procuraduría General de la República y los gobernadores estatales para enfrentar la impunidad y garantizar las condiciones del derecho a la libertad de expresión, así como para fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan los crímenes contra periodistas y del mecanismo de protección.
"El anuncio del presidente Peña Nieto es un testimonio de la gravedad de la situación y de cómo se requiere una acción coordinada en todos los niveles de gobierno para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia y terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada", señalaron.
Asimismo los expertos piden al gobierno investigar el asesinato de Javier Valdez de manera exhaustiva, así como identificar, procesar y sancionar a todos los responsables.
"La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ahora bajo un nuevo liderazgo, debe producir resultados concretos en esta y otras investigaciones para demostrar que el Estado mexicano está luchando contra la impunidad de estos crímenes de forma prioritaria", insistieron.
Los Relatores Especiales de la ONU y de CIDH reiteraron el pasado mes de abril su solicitud al gobierno mexicano para realizar una visita oficial conjunta al país, y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.