La oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Raad Al Hussein, difundió ayer jueves las recomendaciones que hiciera a México tras su visita de octubre del año pasado, así como las respuestas ofrecidas por las autoridades mexicanas.
La oficina de Hussein informó que la respuesta escrita de funcionarios del gobierno de México a las 14 recomendaciones que formulara en marzo pasado le fueron entregadas de manera formal en una reunión celebrada hoy en la sede de la ONU, en Nueva York.
El comunicado también destacó la disposición de Hussein “para continuar cooperando con el Estado mexicano en los espacios internacionales de derechos humanos”.
La oficina de Hussein informó que la delegación de México fue encabezada por Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Entre las recomendaciones destaca la creación de un “consejo asesor de renombrados expertos de derechos humanos y el combate a la impunidad” para que asesoren al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción.
Como respuesta, el gobierno de México indicó que la “recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos, que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia”.
México coincidió con la recomendación sobre la investigación de violaciones a derechos humanos y destacó en ese sentido la existencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
Sobre la recomendación de crear un “código de justicia militar”, México señaló que una reforma sobre el tema ya es implementada.
También asentó estar “de acuerdo” con la recomendación de impulsar una “seguridad pública en línea con los derechos humanos”.
Expresó además que “se coincide” en las siguientes recomendaciones: “autonomía de diversos órganos” del gobierno para facilitar investigaciones; consultar a los pueblos indígenas cuando se tomen medidas que los afecten, y crear políticas públicas a favor de las mujeres.
Asimismo, afirmó que “se coincide” en crear leyes generales sobre tortura y desaparición forzada, y apuntó los esfuerzos de varias agencias del gobierno por erradicar estos delitos.
El gobierno de México, además, calificó como recomendaciones que analiza: adoptar una ley sobre uso de la fuerza de parte de servidores públicos; la creación de una institución forense autónoma, y establecer un registro de todas las detenciones en el país.