Los integrantes del Pleno avalaron el proyecto de sentencia elaborado por la Ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, en el que se ordenó a la comisión partidista sesionar, durante las 72 horas siguientes a la notificación de la sentencia, a fin de que determine si los aspirantes son elegibles para ocupar alguna de las tres primeras posiciones de la lista de candidaturas.
Lo anterior, con el objetivo de remover obstáculos que impidan la igualdad sustantiva o material derivada de la Constitución y de tratados internacionales en la materia.
En el proyecto de sentencia se establece que la responsable transgredió los derechos de afiliación y a ser votados de los actores, ya que omitió estudiar a la luz de la Constitución e instrumentos internacionales, su aspiración, como integrantes de una comunidad indígena, a buscar el cargo de diputados federales por el principio de representación proporcional, tal como lo ordenó la Sala Superior con anterioridad.
El magistrado Flavio Galván Rivera manifestó que votaría a favor de los resolutivos del proyecto, porque en el acto controvertido se da cumplimiento a la sentencia ya dictada en el juicio ciudadano 585 de este año, pero sin compartir las consideraciones del proyecto, argumentando: “No considero que sea el caso de proteger a un grupo desvalido, a una comunidad de indígenas, no hay elementos objetivos en el expediente para poder determinar que los actores están en esta situación de desventaja”.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa votó a favor del proyecto, en virtud de que se estipula que los estatutos partidistas también deben materializar la necesidad de reflejar en ellos la pluriculturalidad del Estado mexicano, de modo que los partidos sean auténticos vehículos para que toda la ciudadanía, incluidas las minorías étnicas, puedan participar en las estructuras e instituciones estatales y en la toma de decisiones.
Alanis Figueroa comentó que se hizo un estudio sobre la necesidad de que las normas intra-partidistas se revisen e interpreten atendiendo a inequidades que de hecho existen en detrimento de los miembros de comunidades indígenas. Además, señaló que todos los partidos políticos deben incluir en sus estatutos estándares mínimos para garantizar la representación indígena, pues sólo así se cumplirán los contenidos previstos en los artículos 1º y 2º constitucionales, y en los instrumentos internacionales que vinculan al Estado mexicano.
El magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos se pronunció a favor del proyecto de sentencia, y expresó que “una vez más estamos ante la oportunidad de brindar un apoyo decidido a los grupos minoritarios, para hacer efectiva la protección de sus derechos”, además de evitar la discriminación.