El estado que guarda la Nación no es satisfactorio. En los últimos años se han agravado muchos problemas nacionales y se han creado otros. La vida cotidiana de la gente transcurre entre la aflicción, el desaliento y la incertidumbre.
Los problemas que se viven en todos los estratos de la sociedad no son atribuibles a la fatalidad; se deben principalmente a una gestión poco eficiente, honesta y transparente de los responsables de las Instituciones.
La ausencia de una visión de Estado ha repercutido en el debilitamiento de las instituciones, y este es un daño sustantivo para la vida del país a corto y largo plazos.
El país no marcha como lo hizo cuando México fue país de oportunidades, refugio de perseguidos, promotor de la paz y de la solidaridad internacional.
La economía está estancada y la inversión nacional no crece porque el mercado interno es débil, ya que la mayoría de las familias no tienen recursos para satisfacer, en muchos casos, más que sus necesidades de supervivencia.
La desigualdad se ha acentuado y puede empujar al país a la inestabilidad. El 10 por ciento de la población más pobre recibe apenas el 1.4 por ciento del ingreso, mientras que en el polo opuesto, el 10 por ciento de la población más rica acapara el 41 por ciento del ingreso.
A falta de empleo no hay más opciones que la economía informal, emigración laboral o la puerta falsa de la delincuencia abierta o simulada.
De una población económicamente activa formada por 47 millones de personas, sólo 15 millones tienen empleo formal y en los dos últimos años ha aumentado la proporción de empleos eventuales, los que trabajan menos de 15 horas a la semana y los que perciben ingresos de alrededor de dos salarios mínimos.
El gobierno sigue sin poder impartir una educación de calidad y servicios dignos de salud. El desarrollo científico y tecnológico, clave para movilizar el potencial de toda sociedad, está estancado.
Los derechos humanos no están garantizados en ciertas zonas del territorio nacional, incluso en ciudades insignia del desarrollo. Los derechos constitucionales a la alimentación y la vivienda no se ejercen plenamente.
México está hoy tan lejos de la auténtica libertad, la justicia y la igualdad, como lo estuvo en momentos críticos de su historia; por ello, probablemente los daños más graves sean el deterioro de la cohesión social y el debilitamiento de las instituciones.
Las políticas públicas no marchan satisfactoriamente; los indicadores son negativos y no se pueden ocultar con campañas publicitarias.
Según datos del INEGI, en estos años la economía ha crecido a una tasa media anual de apenas el 1.2 por ciento, mientras que la población se ha incrementado en 0.94 por ciento anual: por lo que, el producto por habitante se mantiene prácticamente igual al del año 2000. Nos estancamos una década.
En el período casi se ha triplicado el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación, al pasar de un billón 195 mil millones de pesos en el año 2000, a tres billones 176 mil millones en el 2010, pero los problemas no se han resuelto. Se han despilfarrado los recursos petroleros; el Gobierno ha contado con mucho dinero, pero se ha utilizado mayormente en gasto corriente.
El Congreso ha construido el marco legal para respaldar la procuración de justicia y la lucha contra el crimen organizado y ha aprobado las propuestas legislativas y los requerimientos de recursos del Ejecutivo Federal; pero continúan las ejecuciones y nadie resulta responsable de nada, sin que se aprecien resultados favorables o tendencias positivas.
El país vive sobresaltado por una violencia que no se había visto desde las épocas más críticas de la Revolución. La inseguridad ha llegado al grado de afectar la cohesión social y la economía; su efecto ya se nota, entre otros, en el estancamiento de las inversiones privadas, la emigración de capital humano y la disminución de la inversión extranjera directa y el turismo.
En diversas partes de México, el Estado no puede garantizar la integridad física de las personas. La violencia criminal ha costado más de 30 mil vidas humanas y un gasto público de decenas de miles de millones de pesos.
No se pueden seguir distorsionando los hechos con un triunfalismo que no se compagina con la realidad en la que vivimos. No es justo ni sensato que el gobierno privilegie los procesos electorales por encima de la resolución de los problemas más agobiantes: la inseguridad, el estancamiento económico, el desempleo y la desigualdad social.
En la diversidad que nos caracteriza, los mexicanos tenemos que encontrar soluciones comunes para hacerle frente a estos problemas. Para ello es necesario revalorar la política, reconstruirla como debate entre ciudadanos libres no como discordia y descalificación, sino reconocer que en la democracia emergen diferencias que no deben obstruir el diálogo ni los acuerdos, al contrario, convertirse en su primer requisito.
Francisco Roja
Documento emitido por del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados al cumplirse 10 años de gobiernos panistas.