Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias

A inicios de 2013, la policía comunitaria surgida en las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero fue noticia nacional por encarar el crimen organizado y convertirse en los nuevos promotores de seguridad de la región. Los operativos llevados a cabo por los civiles no se limitaron a territorio guerrerense y la labor de estos ciudadanos llegó a oídos del resto del país: ocho de cada diez mexicanos (78 por ciento) se enteraron del sistema de seguridad y justicia comunitaria implementada en diversos estados de la república.

Por Parametría

De acuerdo con la más reciente encuesta en vivienda de Parametría, el 57 por ciento de los mexicanos a nivel nacional aprueba que las comunidades se organicen y conformen una policía propia para defenderse de grupos delictivos. Ésta opinión se incrementa seis puntos porcentuales en los habitantes del Distrito Federal: el 63 por ciento aprueba la existencia de policías comunitarias para la autodefensa de las comunidades.

Las voces están dividas respecto a lo que pueda representar la formación de una policía comunitaria. No obstante, a nivel nacional, la mitad de los entrevistados (49 por ciento) cree que es una manera de ayudar a las autoridades a atender el problema de la delincuencia, lejos de la percepción del 24 por ciento de la población que entiende que organizar un grupo comunitario que se autodenomine policía es tomar justicia por mano propia.

En el Distrito Federal, la idea de que la policía comunitaria funge como apoyo a las autoridades para combatir la delincuencia es mayor: el 59 por ciento de los encuestados concuerda con ésta idea, contrario al 25 por ciento que sostienen que formar una policía comunitaria es hacer justicia por mano propia.

La tolerancia a las organizaciones civiles armadas es posible atribuirla a la percepción de ineficacia que la población tiene de la seguridad que brinda el gobierno. A nivel nacional, cuatro de cada diez mexicanos considera que los policías nombrados por la gente del pueblo, localidad o colonia protegerían mejor a la comunidad de la delincuencia; tres de cada diez cree que ambas policías pueden resguardar la seguridad eficazmente; sólo 2 de cada diez opinan que los policías que dependen del gobierno son los más aptos para brindarle seguridad a los habitantes. Dicha opinión cambia en el DF, seis de cada diez capitalinos coincide con el punto de vista de que los policías nombrados por la comunidad podrían brindar mayor seguridad, dos de diez se oponen a ésta idea, afirmando que los policías de gobierno protegerían mejor a la comunidad.

La proliferación de grupos autodenominados de “autodefensa” han generado gran polémica, ya que no sólo ponen en tela de juicio las funciones de las autoridades encargadas de la seguridad en los Estados de la República Mexicana, sino también cuestionan las verdaderas razones de la propagación de estas organizaciones. Algunas autoridades argumentan que los grupos de autodefensa son distintos de las policías comunitarias, abriendo la posibilidad de que muchos de estos grupos civiles armados sean el disfraz para la delincuencia organizada.

Hay que aclarar que el consentimiento de la policía comunitaria no implica la participación de toda la población; el 53 por ciento de los mexicanos no estaría dispuesto a formar parte de un grupo  autogestivo. En la Ciudad de México, ocurre lo contrario, el 57 por ciento de los habitantes del DF sí participaría en una organización comunitaria que defienda a la comunidad de la delincuencia.

Los resultados mostrados de alguna manera cuestionan el desempeño de las autoridades en su labor de proteger a los ciudadanos de la delincuencia. De ahí que los mexicanos no vean como una agresión a la policía comunitaria establecida en otras localidades sino como una ayuda adicional al gobierno. Los números reflejan la aprobación de la existencia de policías comunitarias, y pareciera que dicha aceptación va a la alza.

No obstante, es menester que las autoridades pongan atención en el tema, ya que la tolerancia de dichos grupos autodenominados de autodefensa permite la proliferación y la participación de grupos civiles armados que están al margen de alguna regulación o marco jurídico.