María Luisa Flores del Valle, presidente de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) dijo a nombre de las instituciones particulares que, además de los anteriores argumentos, el proyecto carece de sustento ni materia para ser creada, pues no se han transparentado ni los datos solicitados por las particulares ni el 0.08% de las denuncias que para la SE justifican la creación de la misma.
La dirigente expresó que a través de esta norma, donde se atenta no sólo contra el estado de Derecho, el Estado Mexicano pretende renunciar a su obligación de salvaguardar el derecho humano a la educación, para trasladarla a los particulares, mediante una artimaña que facultaría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) —que sólo tiene jurisdicción para temas netamente comerciales y no para servicios educativos—, a sancionar a la institución que no mantenga el servicio escolar a pesar de la falta de pago de cuotas.
Esto es contrario a lo establecido al día de hoy, dijo María Luisa Flores del Valle, sobre la posibilidad de dejar de prestar el servicio de educación a aquel educando cuyos padres dejen de cubrir sus cuotas por tres meses. Con esta norma la Secretaría de Economía pretende que sean los particulares quienes carguen con el costo educativo de alumnos con padres morosos. Es decir, se nos estaría obligando a trabajar sin cobro y, con el ejemplo de sólo uno, se desencadenaría la quiebra de la escuela.
Además, la Secretaría de Economía proyecta que la educación deje de ser un Servicio Público como lo señala la Ley General de Educación y quiere, a toda costa, regularlo para que se considere como una actividad comercial. “Quiere obligar a las instituciones particulares a que suscriban un contrato de adhesión con la secretaría de Economía, por lo que estamos en desacuerdo porque no sólo invade facultades, sino que sobre regula nuestra actividad y propiciará la creación de elementos para generar corrupción”.
Itzel Carmona, integrante del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares A.C. (CNEP), expresó que la educación siendo un fenómeno intangible, de ninguna manera cae dentro de las actividades que pueden ser comercializadas y, en caso de que la norma propuesta entrara en vigor, sería una atrocidad pues se daría la calidad de mercancía a un derecho fundamental.
Salvo que, agregó, como suele ocurrir, ahora mismo hay empresas interesadas en impulsar la norma, y quizá haya algún fin avieso escondido, con intereses económicos, por el número de escuelas particulares a evaluar o verificar, como ya lo advierten vendedores de los servicios de ciberseguridad.
Es indispensable aclarar que somos instituciones educativas particulares, como lo marca la Ley General de Educación, y no privadas, abundó Flores del Vallle, pues no somos privativas de Nada y, que las instituciones educativas que dependen del estado también cobran cuotas por sus servicios, sin embargo, la NOM no las contempla dentro de sus lineamientos, lo que, además, hace una NOM discriminatoria.
La pandemia por Covid-19 vino a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestra cotidianidad y a ponernos retos que debemos enfrentar cada día.
Hemos debido reinventarnos para dar clases en línea cuando no estábamos preparados; hemos mantenido a nuestro personal sin reducción de salarios y el pago de la renta de nuestros planteles, a pesar de las bajas en la matriculación durante el ciclo que acaba de concluir, agregó la presidenta de ALPES a nombre de las instituciones particulares de Educación.
“Hoy nos preparamos para abrir, estamos construyendo un sistema de educación híbrida que llegó para quedarse y eso implica inversión en momentos de crisis; planeamos esquemas educativos incluyentes, efectivos y resilientes; preparamos una apertura efectiva de nuestras aulas, que requiere de decisiones importantes, con medidas sistemáticas, maduras y con visión de futuro”.
Pero, cuando más lo necesitamos para poder responder con más y mejores condiciones a nuestra comunidad, observó, “no sólo nos falta el apoyo, sino que se nos carga la pesada lápida que ya venimos arrastrando y que, de imponerse la norma NOM 237, significaría el cierre inmediato de por lo menos 18 mil escuelas a nivel nacional, las más pequeñas, las que prácticamente subsisten al día y que, por lo tanto, repercutiría en un impacto social dañino a padres de familia, niños y jóvenes”.
En realidad, hemos sido víctimas de una epidemia que no se acaba y que nos llama a enfrentar el futuro con resiliencia, con decoro, con firmeza y con más entusiasmo que antes, sostuvo Flores del Valle. Estamos preparados, cada día ponemos nuestro mejor esfuerzo, pero está muy claro que no podemos recibir, como tampoco soportar, una norma más como la NOM 237, que acabará de sepultar a un número significativo de escuelas que hoy apenas sobreviven. “NO a la NOM”.