El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, aseguró que el compromiso de la Corte mexicana es inalterable a favor de las libertades y de los derechos reconocidos en nuestra Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México es parte, en particular, respecto del instrumento jurídico más importante que da estructura y contenido al Sistema Interamericano: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, a la que se adhirió nuestro país en 1981 pero que ha cobrado plena vigencia hasta años recientes.
Al inaugurar el 55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ministro afirmó que el continente americano es una región de marcados contrastes y problemas endémicos con raíces añejas que, sin duda impactan en el acceso a la justicia.
Las carencias económicas, las desigualdades sociales o los conflictos políticos, dijo, han sido factores de alto impacto en el funcionamiento del orden jurídico nacional e internacional.
En este sentido, consideró, el desafío de cada Estado, pero en particular de cada Poder Judicial, es el de cobrar conciencia de todos los factores estructurales que resultan determinantes para que, a través del derecho y su interpretación, el ideal de la justicia no sea un anhelo sino una realidad cotidiana y tangible.
Ante el presidente y vicepresidente de la Corte IDH, Roberto F. Caldas y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, respectivamente, así como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el ministro presidente de la SCJN destacó que “los derechos humanos son condiciones esenciales a la dignidad del ser humano; constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas. De ahí la importancia de la labor jurisdiccional nacional e interamericana para materializarlos”.
Porque, dijo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en conjunto con las Cortes Nacionales y los Tribunales Constitucionales, como lo es la Suprema Corte de México, son el pilar fundamental para la defensa de las libertades, para garantizar el acceso a la justicia y para consolidar nuestras democracias.
De ahí que, afirmó, el fortalecimiento del Sistema Interamericano redundará en beneficios para nuestros pueblos, hermanados por la lengua, las costumbres y sistemas jurídicos semejantes que, afortunadamente, pueden dialogar entre sí.
El ministro Aguilar Morales recordó que en el preámbulo de la Convención Americana se consigna que el propósito de los Estados signatarios es consolidar, dentro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre, y que el ideal de ser humano libre, exento de temor y de miseria, sólo puede realizarse si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
La pobreza, el desempleo, las carencias en materia educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad, agregó el presidente de la SCJN, colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a personas mayores, a personas con alguna discapacidad, a personas migrantes o en búsqueda de refugio y asilo, a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y a los propios pueblos y comunidades.
Es por ello, destacó, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, hemos dictado diversas sentencias y establecido jurisprudencia con el referente de disposiciones contenidas en instrumentos jurídicos regionales e incorporado criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Al mismo tiempo que la Corte IDH ha retomado en sus decisiones criterios emitidos por la Corte mexicana. Con lo que se ha dado lo que se conoce como un diálogo judicial entre ambas Cortes, lo cual redunda en una mayor protección de los derechos humanos tanto en México como en la región.
La Corte Interamericana ha citado en más de una decena de casos tesis y jurisprudencia de esta Suprema Corte en materia de prescripción de las desapariciones forzadas de personas; irretroactividad de las normas procesales, reconocimiento de la existencia de parámetros de regularidad constitucional, derecho a la protección de la salud, control de convencionalidad, derecho a la consulta previa, orientación sexual y familias homoparentales y restricción del fuero militar.
Ambas Cortes, aseguró Luis María Aguilar Morales, hemos contribuido a través de nuestra labor interpretativa a reforzar la tutela jurisdiccional efectiva a favor de los derechos humanos que, en el caso de México, adquirieron mayor relevancia a partir del nuevo texto del artículo primero constitucional, como un eje fundamental para el trabajo de todas las autoridades del país.
La sociedad mexicana es cada día más plural, participativa, informada y crítica. Por ello, dijo durante la inauguración, nos da muchísimo gusto que casi tres mil personas seguirán de manera presencial las sesiones de la Corte Interamericana, y un número ilimitado podrá seguirlas a distancia por internet y a través de nuestro Canal Judicial.
Se celebrarán cuatro audiencias públicas respecto de tres casos sometidos a la jurisdicción de este organismo y un informe sobre medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para proteger la vida e integridad personal de los familiares de las víctimas en el caso Masacre La Rochela vs. Colombia de 2007.
Las sesiones y los eventos complementarios tendrán una finalidad didáctica sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de derechos humanos, la forma de argumentar, resolver y determinar la reparación del daño.
Se analizarán probables hechos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otras acciones presuntamente violatorias del deber de protección a la vida, integridad de las personas, acceso a la justicia y debido proceso.
El ministro presidente dijo que en la SCJN nos complace haber encontrado respuesta en muchos estudiantes y profesores universitarios, pero también litigantes, servidores públicos federales y locales de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos, personal de las fuerzas armadas, representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, periodistas y comunicadores.
El acercamiento masivo a esta actividad, precisó, como lo hacemos con nuestras sesiones públicas, va a permitir formarse una idea más clara de cómo se procesan en nuestro continente los conflictos donde un Estado es acusado de violar derechos humanos. Se podrán conocer los argumentos de la parte agraviada y la resolución que al final recaiga.