La tortilla es fundamental en la alimentación de las familias en México. Es el segundo producto más importante de la canasta básica del país en términos de su ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), después de la carne de res. Por otro lado, los hogares con menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos a la adquisición de bienes de consumo básico, tales como la tortilla.
El 8 febrero de 2016, en un contexto de depreciación del peso frente al dólar, diversos medios de comunicación de Guadalajara reportaron que Javier Solano, empresario tortillero y Presidente del Comité Directivo de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, manifestó que el precio de la tortilla aumentaría. “Tendremos que impactar los costos de producción al precio de la tortilla".
En el entorno de estas declaraciones, el 11 de febrero de 2017 el Secretario de Desarrollo Rural (SEDER) del gobierno de Jalisco, Héctor Padilla, se reunió con él y con Morayma Preza, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales, en la que promovió la firma de un Acuerdo para establecer un rango de 9 a 14 pesos para el precio de venta al público del kilogramo de tortilla, el cual dieron a conocer el mismo día y públicamente en una conferencia de prensa convocada por el titular de la SEDER.
Con base en las declaraciones vertidas por Javier Solano, el 29 de febrero de 2016, la Secretaría de Economía presentó una denuncia ante la COFECE (expediente DE-009-2016) en contra de este agente económico, por la supuesta realización de las prácticas monopólicas absolutas.
Dado que el Acuerdo fue publicado por diversos medios de comunicación, esto provocó un alza generalizada en el precio de la tortilla en Guadalajara que promedió 7.63% al pasar de 11.80 a 12.70 por kilogramo. Conforme a los datos publicados por el INEGI, entre la primera y la segunda quincena de febrero de 2016, en esa ciudad se registró el nivel más alto del Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC) de la tortilla (2.26%) respecto al observado en Monterrey (0.05%), la Ciudad de México (0.39%) y a nivel nacional (0.40%).
La Comisión concluyó que tras el Acuerdo se registraron alzas en el precio de la tortilla en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que afectó directamente a los consumidores, quienes pagaron un sobreprecio por la conducta de 22 centavos por kilogramo.[2] Así, el daño estimado en este mercado fue de más de 52 millones 627 mil pesos, resultado de multiplicar el sobrecosto por el consumo promedio de tortilla de las familias de Guadalajara, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fecha en que terminó la investigación.
Conforme al principio de legalidad, el actuar de las autoridades debe apegarse a lo que expresamente les está permitido por la Ley. En este sentido, Héctor Padilla habría actuado fuera del ejercicio de sus atribuciones, toda vez que la SEDER no está facultada para manipular el precio de algún bien, a través del establecimiento de un rango para estos, de manera unilateral o en colaboración con particulares o autoridades.
Derivado de lo anterior, el Pleno de la Comisión impuso multas a los participantes del Acuerdo ilegal que en conjunto suman un total de 394 mil 508 pesos, las cuales se definieron en función de la capacidad económica de cada uno de los sancionados, con base en los ingresos que reportan ante el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente, el Pleno ordenó informar de esta resolución a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como a los titulares y los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para los efectos legales a que hubiere lugar.
La COFECE reitera que el precio de venta en cualquier mercado debe ser determinado por cada agente económico en lo particular, considerando no únicamente sus estructuras de costos y expectativas de utilidad, sino también el impacto que esa decisión pueda tener en su posición de mercado. Asimismo, que independientemente del curso de las variables macroeconómicas relevantes del país, como puede ser la depreciación de la moneda nacional, el precio debe ser una decisión individual e independiente de cada agente económico.
Una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, la Ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.