El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)[3] levantada a finales de 2016. El estudio que fue realizado por primera vez en el país busca conocer las condiciones actuales bajo las cuales opera el sistema penitenciario en México. En esta ocasión Parametría presenta algunos de los datos más relevantes de le ejercicio realizado a hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad en los Centros Penitenciarios del país.
De acuerdo con datos del INEGI, la población privada de libertad se concentra mayoritariamente en los grupos etarios de 18 a 29 años (32.5%) y de 30 a 39 años (35.3%). El rango de edad con menor población en las cárceles son las personas mayores de 50 años, con un 11%.
Por nivel educativo observamos que siete de cada diez personas sólo cuentan con un nivel de escolaridad básica (72.1%), seguido de media superior con 19.2%. mientras que sólo el 3.8% de las personas reportó no tener escolaridad.
Al momento de ser arrestadas, una parte de las personas privadas de libertad vivieron violencia física por parte de la policía y las autoridades. La situación más común es la incomunicación o el aislamiento (58.3%), seguido de la amenaza con levantar falsos cargos (52.5%) y ser desvestidos por parte de las autoridades que realizó el arresto (46.2%). Cuatro de cada diez personas en la cárcel fueron atadas al momento de ser arrestadas (40.2%), y una cifra similar de personas fueron vendadas en sus ojos o les cubrieron la cabeza (39.2%).
Llama la atención que un porcentaje de las personas privadas de libertad declararon que no sólo ellos recibieron violencia física, sino también su familia, al momento de ser arrestados por la policía (7.5%).
En cuanto a las condiciones en los centros penitenciarios, un tercio de las personas privadas de libertad dijo haber sido víctima al interior de una cárcel (33.2%), donde la conducta delictiva más común es el robo de objetos personales (89.2%). Con un gran margen de diferencia la conducta delictiva que le sigue son las lesiones (24.6%), las extorsiones (20.1%), las amenazas (18.3%) y los delitos de carácter sexual (5%).
Otro rasgo que la ENPOL incorporó en el estudio, es la corrupción al interior de las cárceles, encontrando que de las personas privadas de su libertad que fueron víctimas de un acto de corrupción al interior de un Centro Penitenciario, solo 5.8% decidió denunciar.
El 94.2% restante prefirió no denunciar o quejarse de los actos de corrupción principalmente por temor a represalias (31.4%). Otras de las razones principales para no denunciar esta situación al interior de las cárceles es la idea de que la corrupción es una práctica común (26.6%) y la percepción de que sería inútil realizar una denuncia en el contexto en que se encuentran los reclusos (20.2%).
Para tener un panorama de cómo los mexicanos conciben los centros penitenciarios, podemos citar los datos de la encuesta nacional realizada en vivienda por Parametría, que demuestran que la opinión pública no está muy alejada del contexto que arroja el estudio del INEGI. Ocho de cada diez mexicanos opinan que los derechos de los presos no se respetan en las cárceles del país (81%), esta opinión aumentó 16 puntos desde febrero de 2012 como muestra la serie histórica.
Respecto a la corrupción, siete de cada diez mexicanos están de acuerdo con la opinión de que las autoridades de las cárceles mexicanas permiten prácticas ilegales (73%), percepción que de igual forma ha aumentado 12 puntos desde febrero de 2012. Paralelamente, ha descendido la cantidad de personas que consideran que las autoridades no permiten la corrupción.
La siguiente gráfica es relevante, ya que muestra la opinión de los mexicanos sobre la reinserción de los presos a la sociedad. Un 47% de los encuestados cree que las cárceles del país no ayudan a los reos a reintegrarse a la sociedad, opinión que ha aumentó en los últimos años.
Los datos del INEGI muestran que las condiciones de los hombres y mujeres privados de libertad están asociadas a la victimización y a ser víctimas de actos de corrupción al interior de los Centros Penitenciarios del país. Asimismo, un gran porcentaje de ellos refirió haber sufrido violencia física al momento de ser arrestados.
Estos datos se complementan con la encuesta nacional de Parametría, donde se demuestra que la opinión pública percibe estas situaciones al interior de las cárceles. Paralelamente existe una percepción negativa acerca del rol de las cárceles en la reinserción de los presos en la sociedad.
