Las reformas a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, derogan el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), inhiben el robo de teléfonos celulares y refuerzan el marco legal para que el Estado investigue con mayor eficacia los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y amenazas.
En el dictamen a la minuta aprobada por 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, se indica que los equipos de bloqueo serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
El bloqueo de señales podrá extenderse hasta veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.
El documento destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) o servidores públicos podrán solicitar, por oficio o medios electrónicos, a los concesionaros o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos móviles de comunicación asociados a una línea que se encuentren relacionados con la investigación.
Se establece que al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas y que se rehusare a hacerlo de forma dolosa, se le impondrán de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días de multa.
Los concesionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias, a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades o de los municipios, en el ámbito de su competencia.
De igual modo, se establece que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán informar sobre el uso de los datos del Renaut, en donde se incluya las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Inhibir uso de celulares en cárcele
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) dijo que con la reforma se busca inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios con que cuenta el país, así como atacar la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, las extorsiones telefónicas y las amenazas.
Refirió que cada día se realizan seis mil llamadas desde el interior de los reclusorios para extorsionar telefónicamente, aun cuando está prohibida la utilización de teléfonos móviles, “por la corrupción que impera en los centros penitenciarios del país”.
Con el dictamen, afirmó, se deroga el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, “que ha sido un fracaso”; se inhibe la utilización de teléfonos celulares para la comisión de delitos de delincuencia organizada, por lo que se obliga al Consejo Nacional de Seguridad Pública a colocar en cada centro penitenciario una antena de bloqueo para llamadas a teléfonos celulares.