Al respaldar el dictamen de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la senadora Ivonne Alvarez García dejó en claro que la prórroga de un año para la conclusión de este proceso, no desaparece el control de confianza, ni tampoco se otorga un cheque en blanco ni a la federación, ni a estados, ni a municipios.
Dijo que los senadores priístas reconocen que se debe modificar el modelo actual de certificación de confianza, a efecto de no darle un control absoluto a la prueba poligráfica y otorgarle valor a otras pruebas, como la psicológica, socio-económica, toxicológica o la médica.
El objetivo, subrayó, es claro: queremos contar con una certificación científica, de investigación y apegada a las formas internacionales. Para lograrlo se requieren recursos adicionales para generar una infraestructura material y humana, por lo que el dictamen incluye la solicitud de un presupuesto etiquetado.
La legisladora por el estado de Nuevo León manifestó que no se puede negar que existen avances en esta materia, y prueba de ello es que hoy en día tres entidades y el Distrito Federal reportan más del 50 por ciento de avance en este proceso.
Sin embargo, consideró que las acciones han sido insuficientes para lograr la meta al próximo 29 de octubre, fecha límite que establece dicha ley; asimismo, sostuvo que el dictamen no descalifica la certificación actual.
En este momento, con la depuración y rotación permanente en las corporaciones hay policías que acaban de entrar, y que de no aprobarse esta modificación, dentro de los próximos 12 días, miles de policías serán dados de bajo y ni siquiera habrían sido evaluados, expuso en tribuna.