La decisión, adoptada por el juez Miguel Vázquez, apunta a los represores como responsables de detener, torturar y hacer desaparecer a los líderes del Partido Comunista chileno entre 1976 y 1977.

El proceso, conocido como "Calle Conferencia", refiere a la desaparición y muerte de Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Víctor Díaz.

Las investigaciones comenzaron recién en 1998 cuando la ex líder comunista Gladys Marín, esposa de Jorge Muñoz, presentó la primera querella criminal contra Pinochet, fallecido en 2006.

Entre los acusados figuran los entonces jefes de la otrora temida policía secreta, entre ellos su director Manuel Contreras y sus lugartenientes Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, todos presos por otro centenar de causas.

El abogado querellante Eduardo Contreras dijo que la resolución devuelve la confianza en la Justicia chilena, a 40 años de los crímenes.

La represión al Partido Comunista, que formó parte del gobierno del derrocado líder socialista Salvador Allende (1970-1973) fue una preocupación central de la dictadura.

Testimonios de oficiales del Ejército incluso ubican al propio Pinochet visitando los campos de exterminio para negociar con los detenidos, algo que éstos rechazaron, según los mismos testimonios militares.