El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) fue fundado en julio de 1960 como un organismo dependiente de la Presidencia de la República que tenía como objetivo principal realizar operaciones de control judicial y migratorio de nacionales y extranjeros, entre otros.

Sin embargo, escándalos desatados por vínculos con paramilitares y espionaje a opositores desprestigiaron tanto la actuación del organismo que el presidente Juan Manuel Santos decidió liquidarlo en noviembre de 2011 para reformarlo, ante los excesos en sus funciones que se habían cometido bajo los gobiernos anteriores de Álvaro Uribe (2002-2010).

Jorge Noguera, quien estuvo al frente del organismo durante el primer periodo del presidente Uribe, fue señalado en 2007 de haber facilitado la base de datos del DAS a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber eliminado los antecedentes penales de narcotraficantes y otros personajes requeridos por la justicia.

Noguera fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y uso ilegal de información privilegiada. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años por la Procuraduría General (Ministerio Público).

En medio del juicio al ex director, que duró tres años, la crisis del DAS se agudizó cuando en 2009 la revista "Semana" reveló los seguimientos e interceptaciones telefónicas, consideradas como ilegales por no haber sido ordenadas por un juez o un fiscal, que desde allí se realizaron a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.

Para ese entonces ya estaba implicada en la investigación la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien fue cabeza del servicio secreto por pocos meses y dejó el cargo a raíz del escándalo para luego asilarse en Panamá, en donde permaneció por más de cuatro años pese a la orden de captura en su contra expedida en Colombia.

A lo largo de ese tiempo varios ex funcionarios que han sido condenados a prisión por el caso afirmaron a la Fiscalía que Uribe y sus más cercanos colaboradores, como el ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno, conocían y se aprovechaban del espionaje ilegal.

Algunos testimonios han coincidido en que Hurtado, quien finalmente se entregó hace dos semanas a las autoridades, le facilitaba la información a Moreno, uno de los funcionarios más próximos a Uribe.

El ex mandatario, quien es ahora senador, ha negado en reiteradas ocasiones su participación en las escuchas ilegales, por las que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha asumido una investigación en su contra.

Por este caso de espionaje son investigados también los ex directores del DAS Andrés Peñate y Joaquín Polo. (DPA)