La propuesta fue postulada al Senado por el presidente Felipe Calderón en abril del 2009 como Traición a las Fuerzas Armadas en la búsqueda del debilitamiento y combate al crimen organizado.

Fue recibida en la Cámara Baja  en septiembre del 2010 y un año después finalmente es aprobada por el pleno.

Los militares que incurran en este nuevo delito serán dados de baja y juzgados todos aquellos que utilicen las fuerzas armadas para uso de organizaciones delictivas bajo sus órdenes, proporcione protección a criminales y crímenes, proporcione adiestramiento militar o cualquier otra información del ejército al crimen organizado.

Ocho votos fueron en contra y cuatro abstenciones.