La Dirección de Antinarcóticos y la Fiscalía General, adelantaron la investigación durante ocho meses para lograr la “ubicación y captura de 10 personas vinculadas al ‘Clan del Golfo’ y comprometidas en la custodia de las 13,4 toneladas de cocaína que fueron descubiertas en noviembre del año anterior en el Urabá (frontera con Panamá)”.
Las capturas tuvieron lugar en los municipios de la zona bananera de Urabá: Dabeiba, Carepa y Chigo rodó, en el departamento de Antioquia (no-occidente), de acuerdo con el reporte de la Policía Antinarcoticos.
La cocaína estaba escondida en cuatro fincas bananeras situadas en la zona bananera de Urabá, la cual “estaba almacenada en caletas bajo tierra y pertenecía a Dairo Antonio Usura, ‘Otoniel’, máximo líder del ‘Clan del Golfo’.
Las labores de investigación señalaron “que este decomiso causó un enorme impacto financiero dentro del Grupo Armado Organizado y, al parecer, una serie de homicidios entre presuntos integrantes de la estructura criminal”.
Dentro de los capturados “en el marco de una democracia segura, se encuentra ‘El Flaco’ o ‘Pómulo’, hombre de confianza de ‘Otoniel’ y quien era el responsable directo de la custodia de las caletas, cuando los comandos jungla de la Policía Antinarcóticos adelantaron la Operación Lourdes”.
Así mismo, cayó el hombre conocido “en el mundo del crimen como ‘Steven’, quien era el encargado de hacer un barrido por la zona de Urabá para ubicar las fincas aptas para la construcción de las caletas, en supuesta complicidad con los administradores de los predios, quienes permitían el ingreso de camionetas de alta gama cargadas con cocaína”.
Durante la operación también fueron capturados "´Tao´ y ´Alejandro´, los hombres encargados de recibir el alcaloide en las cabeceras municipales para luego transportarlas hasta los centros de acopio, principalmente en horas de la noche”.
En la última línea de la organización “al servicio del ‘Clan del Golfo’ se encontraban los denominados ‘Custodios’ o ‘Vigilantes’ quienes, a través de radios de comunicación, tenían la misión de alertar la posible presencia de las autoridades y de empacar los cargamentos de cocaína que tenían como destino Norteamérica y Europa”.
La operación permitió también “la extinción del derecho de dominio a las fincas en las que fue encontrada la cocaína en noviembre pasado: cuatro bienes inmuebles con una extensión de 270 hectáreas, y avaluados en ocho mil millones de pesos (2.6 millones de dólares) los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales”.