La medida, avalada por unanimidad durante la sesión plenaria de este jueves, también aplica para los criminales que asesinen a militares, custodios de cárceles, fiscales y jueces.
La reforma a dicha normativa en los artículos 122 al 129, establece además que la pena mínima para el que atente contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó de 30 a 40 años de prisión.
La diputada Jackeline Rivera, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó que la disposición será aplicada en los casos que se compruebe que el delincuente mató a los policías o demás miembros de seguridad y aplicación de justicia.
Las penas serán aplicadas de manera independiente si los agentes fueron asesinados en el cumplimiento de la ley, o que hayan estado de licencia.
El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Guillermo Gallegos, quien ha declarado estar de acuerdo con la pena de muerte, comentó que “si no paramos la delincuencia con medidas extremas, tendremos una espiral de violencia más problemática”.
Decenas de policías han sido víctimas de los delincuentes desde el inicio del año, con armas de fuego en sus puestos policiales, en enfrentamientos en el cumplimiento de la ley o cuando están con licencia o permiso.
Por su parte, las ilegales pandillas divulgaron este jueves un comunicado en el que manifiestan al nuevo gobierno su voluntad y disposición para solucionar la violencia que agobia al país.
Estos grupos delincuenciales, que han declarado una tregua unilateral para disminuir los homicidios, pero que en los últimos meses ha fracasado por el aumento de éstos, se desvincularon del “toque de queda” que habrían ordenado ellos en las últimas dos semanas en diferentes zonas del país.
“Quienes se han dedicado a ello han sido mentes perversas que actúan con impunidad y que han pretendido crear un clima de zozobra, miedo y temor para provocar odio y resentimiento hacia nosotros””, explicó el comunicado que circuló en esta capital.