La OSJI, dedicada a la defensa de los derechos humanos, asegura que hay pruebas de que casi una cuarta parte de los Gobiernos del mundo ofreció secretamente su apoyo.
El informe, de 213 páginas, afirma que el programa no podría haber tenido lugar sin esa ayuda internacional.
"No hay duda de que altos funcionarios gubernamentales fueron responsables de la autorización de violaciones de derechos humanos relacionados con las detenciones secretas y entregas extraordinarias. (...) La impunidad de la que han disfrutado hasta la fecha sigue siendo motivo de gran preocupación", dice el informe.
"Pero la responsabilidad de estas violaciones no se agota en Estados Unidos. Las detenciones secretas y las operaciones de entregas extraordinarias, diseñadas para ejecutarse fuera de Estados Unidos no podrían haberse llevado a cabo sin la participación activa de los Gobiernos extranjeros. Estos Gobiernos también deben rendir cuentas", denuncia la OSJI.
Pakistán, Afganistán, Egipto y Jordania, fueron, según el reporte, escenario de cárceles secretas y de prácticas de tortura documentadas durante años, mientras que Estados como Irlanda, Islandia y Chipre proporcionaron ayuda encubierta para el programa al permitir el uso de su espacio aéreo, aeropuertos y aeronaves involucradas en vuelos de entrega.
Alemania, España, Portugal y Austria forman también parte de la lista, aunque no es el caso de Francia, los Países Bajos y Hungría. Tampoco Israel.
Según la publicación, Reino Unido respaldó las operaciones de la CIA y dispuso todo un despliegue destinado a atrapar y entregar a un solo hombre, Sami Al Saadi, un disidente libio que habría sido entregado a Muamar el Gadafi en 2004.
Al Saadi, que era miembro del movimiento muyahidín Grupo de Lucha Islámica de Libia, permaneció recluido en una cárcel libia seis años, algunos en régimen de aislamiento, tiempo durante el cual, según el mismo aseguró, se le torturaba regularmente.
El informe de la OSJI, titulado Globalización de la Tortura, dice que el alcance de la participación de los Gobiernos no estadounidenses todavía se desconoce.
"A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus Gobiernos asociados para retener la verdad sobre los abusos pasados y presentes, la información relativa a estos abusos continuarán encontrando su camino hacia el dominio público", precisa.
"Al mismo tiempo, mientras que los tribunales de Estados Unidos han cerrado sus puertas a las víctimas de detenciones secretas y operaciones de entregas extraordinarias, los desafíos legales a la participación de Gobiernos extranjeros en estas operaciones están siendo competencia de los tribunales de todo el mundo", insiste.
La organización urge al Gobierno estadounidense que rechace las operaciones llevadas a cabo por el programa, cierre el resto de prisiones secretas que queden en activo y abra una investigación penal sobre la violación de derechos humanos relativa a estas actuaciones.