De acuerdo con Sergio Jauregui, encargado de Todos Santos Ecoaventuras, desde el año 2016, la funcionaria ha obstruido de manera injustificada el trabajo de las empresas de la zona, “a través de la negativa de permisos o hasta inventando leyes y estudios para suspender nuestras labores. A pesar de que contamos con toda la documentación y los requisitos para conseguir o renovar los permisos turísticos, ella los niega o inhabilita a su antojo sin sustento alguno”.
Las empresas que dejaron de operar en la zona conocida como CIES son:
● Baja Expeditions
● Mar y Aventuras
● Eco Baja Migrations
● Baja Camp
● Pescadores El Manglito
● Fun Baja
Jauregui señala que estas empresas eran una fuente importante de empleo en la zona, ya que en conjunto generaban cerca de mil empleos y “tan sólo en marzo de este año llevamos a la región 2 mil 378 visitantes, que dejaron una derrama económica de casi 600 mil dólares”.
El primer incidente reportado con la funcionaria ocurrió en 2016 cuando la empresa Todos Santos Ecoaventuras obtuvo el permiso número FOO.DRPBCPN.-000602, para realizar actividades turísticas de campamento, otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con vigencia de dos años.
No obstante, la funcionaria ordenó la clausura de sus operaciones bajo el argumento de que el permiso no era por dos años, sino por seis meses. “Yo denuncié esta situación y las autoridades me dieron la razón, a partir de ahí comenzaron las negativas, incluso me llegó a negar permisos de embarcación por no especificar el color de las lanchas o me decía que faltaba documentación cuando no era así”, indica Jauregui.
Este año, el sector turístico fue uno de los más afectados a consecuencia de la pandemia por COVID-19, y a pesar de las afectaciones por el cierre de actividades, “lo que más impactó a las pequeñas empresas de la zona fueron las exigencias de la directora de área, que escalaron hasta lo absurdo, y la consecuencia de esto fue que seis empresas quebraron”, denuncia.
Una de las primeras negativas de la funcionaria se dio cuando no les permitía limpiar las casas de campaña, ni siquiera con agua y jabón, “supuestamente porque así lo dispone el plan de manejo, lo cual no es cierto, el plan de manejo autoriza el uso de agua y jabón”.
El pasado 28 de agosto, la bióloga publicó vía Facebook un escrito donde señala que no se puede acampar en la isla, según disposición del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES), esto cuando la región se encontraba en semáforo naranja y las actividades turísticas y de hospedaje estaban permitidas aunque con aforo limitado.
“Yo acudo a la PNZMAES para preguntar por estas disposiciones y me dicen que ellos no ordenaron dicha restricción.
Después la bióloga me dice que no fue la PNZMAES, sino la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprisbc) quien decretó el cierre de campamentos hasta que el estado esté en semáforo verde. Nuevamente acudo con la Coeprisbc y me dicen que ellos tampoco dieron esa orden y que los campamentos cuentan como hospedaje por lo que sí pueden operar”, afirma Jauregui.
El 31 de octubre de 2020, Todos Santos Ecoaventuras renovó un permiso para realizar actividades de campamento y recuperarse de los estragos de la pandemia. La concesión le fue otorgada por dos años, con vigencia del 30 de octubre de 2022, y se especifica que cada campamento durará 7 días. Aún con el visto bueno de la autoridades de protección ambiental, Irma González López le solicitó que los campamentos sean sólo por tres días.
“Lo cual es ilógico porque simplemente montar y desmontar los campamentos toma de 4 a 5 días, por ello el tiempo que la funcionaria arbitrariamente estableció no permite realizar esta actividad. Sus peticiones están fuera de la ley y no corresponde a sus funciones, ya que a ella no le corresponde el otorgamiento de permisos”.
Ante estas acciones, el pasado 15 de abril, el emprendedor envió una carta dirigida al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y el 29 de octubre otra misiva para el secretario de Turismo de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza López, para solicitar su intervención.
“Tengo tres amparos en contra de la funcionaria, pero el resto de las empresas no han denunciado por miedo, ya que ella los amenazó con quitarles todos sus bienes y no dejarlas operar, por eso muchas prefirieron cerrar y cientos de empleos se perdieron”, añade Jauregui.