Realizan en UAM propuestas sobre política fiscal de cara al proceso electoral 2012

Cumplir con las demandas sociales de empleo y bienestar, incrementar impuestos a los grupos de alto ingreso y eliminar gastos superfluos, entre las proposiciones.

Eliminar gastos superfluos en la “abultada estructura administrativa” y reducir los sueldos y salarios de mandos medios y superiores del gobierno, así como incrementar impuestos a los grupos de alto ingreso y promover una mayor participación del gobierno en la economía a fin de cumplir con la demandas sociales de empleo y bienestar, fueron algunas de las propuestas planteadas por integrantes de la Academia Mexicana de Economía Política (AMEP), al anunciar la celebración de una serie de actividades de cara al proceso electoral de 2012.

El doctor Juan Castaingts Teillery, investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presidente de la AMEP, sostuvo que a unos meses de celebrarse la elección presidencial, las campañas son pobres, plagadas de spots y con escaso contenido analítico, por lo que “nos interesa discutir, desde la academia, la política económica de México”, particularmente lo que se puede hacer en términos de política fiscal.

Por su parte el doctor Carlos Tello, ex director del Banco de México, señaló que la reforma hacendaria debe ser parte de un amplio programa de financiamiento del desarrollo y parte esencial de la construcción de “un nuevo curso de desarrollo” que promueva en México un sistema de bienestar basado en derechos económicos exigibles y de alcance universal.

Dijo que la reforma debe ser integral y abarcar simultáneamente las cuestiones relacionadas con el gasto público y con su financiamiento; tener como objetivo la justicia, la equidad y la recaudación; promover un crecimiento acelerado y sostenido de seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el mediano plazo pero que debe iniciar su puesta en práctica de inmediato.

En relación con el gasto público propuso eliminar los gastos superfluos como los que se erogan a causa de la “abultada” estructura administrativa, reducir sueldos y salarios de mandos medios y superiores y sus prestaciones, los gastos de publicidad, asesorías y estudios.

Además ajustar y modificar programas de gasto que no se lleven a cabo de manera satisfactoria como Procampo, la eliminación de entidades públicas como Turismo, Función Pública y Reforma Agraria.

También incrementar el gasto público, sobre todo el de inversión, y procurar mayor eficiencia y rigor en su ejecución, además de canalizarse el combate a la pobreza, mejorar la calidad de la educación, así como el impulso de la infraestructura básica.

En materia de ingresos públicos afirmó que es indispensable aumentar la productividad en la recaudación de impuestos, actualizando, entre otras medidas el registro de contribuyentes. También sugirió eliminar el gasto fiscal y dejar el tratamiento de excepción en el IVA a alimentos y medicinas.

Respecto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consideró necesario eliminar estímulos, tratamientos especiales y subsidios, así como establecer tasas progresivas para personas físicas de hasta 40 por ciento y de 35 por ciento para empresas.

El licenciado Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda, dijo por su parte, que es fundamental elevar el nivel de la discusión en tormo de la economía nacional y la reforma hacendaria, ya que en las plataformas políticas de los partidos “hay silencio o generalizaciones que no dicen nada”, lo que refleja el “rezago intelectual y propositivo que vive el país”.

Señaló que cuando se discute el tema fiscal, el Impuesto Sobre la Renta “ha sido un impuesto olvidado” a pesar de que en todo el mundo está a la orden del día. México recauda del ISR de personas físicas alrededor de tres por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están arriba de 12 por ciento.

Se requiere ser más progresivos de manera que paguen más los grupos de alto ingreso y menos la clase media, aseguró el experto quien añadió que México debe considerar un impuesto sobre “transacciones financieras” tal como lo tienen en Europa y Sudamérica.

El doctor Arturo Huerta González, jefe de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que la política de disciplina fiscal seguida por el gobierno de México, actúa en favor de las exigencias de la estabilidad planteadas por el sector financiero, pero ha actuado en detrimento del crecimiento económico y de la generación de empleo, así como de la participación del gobierno en la actividad económica, lo que ha llevado a la mayor privatización y extranjerización de la economía.

Subrayó que la disciplina fiscal no se justifica cuando la economía enfrenta alto desempleo, altos niveles de capacidad ociosa y no se presentan perspectivas de crecimiento hacia afuera.