Las repercusiones del escándalo de la “Casa Blanca” y el conflicto de intereses han marcado esta administración, lo cual ha contribuido al estado de descontento generalizado con la clase gobernante y la evaluación negativa al presidente Enrique Peña Nieto, como hemos presentado en artículos anteriores.
El nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, organismo que permaneció acéfalo durante 26 meses, fue una de las primeras medidas del Gobierno de la República para combatir la corrupción. Otro cambio institucional desarrollado por la administración de Peña Nieto fue la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuyo objetivo principal es la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Sin embargo las cifras muestran que la opinión pública evalúa de manera negativa a las autoridades en el combate a la corrupción. Estudios internacionales avalan lo anterior: el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, posiciona a México con 35 puntos. Con una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción) México se encuentra entre los países más corruptos a nivel mundial.
La corrupción trae costos económicos, sociales y políticos para las naciones de acuerdo al estudio “México: Anatomía de la Corrupción”. Los principales costos económicos que arrastra este fenómeno son el descenso de hasta un 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) y una pérdida de ingreso en las empresas de hasta un 5 por ciento anual. Los costos sociales se asocian al bienestar: los hogares mexicanos destinan 14 por ciento de sus ingresos anuales a pagos extraoficiales; y a la violencia: existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia.
Los costos políticos de la corrupción son determinantes para analizar el panorama hacia las próximas elecciones. La insatisfacción con la democracia es uno de las principales consecuencias de la corrupción en México: sólo un 19 por ciento de la población está satisfecha con la democracia (Latinobarómetro, 2015). Otro problema que conlleva este fenómeno es la crisis de representación donde un 90 por ciento de los mexicanos no confía en los partidos políticos, cifra que ha ido en aumento durante los últimos años.
Analizando la evaluación de cada estado, que celebrará elecciones en junio, hacia el desempeño del Gobierno de Enrique Peña Nieto en el combate a la corrupción, se observa que Veracruz, Aguascalientes y Zacatecas tienen la calificación más baja. En cambio Chihuahua, Quintana Roo y Durango presenta la evaluación positiva más alta en esta materia. Aunque en todos los estados que tendrán elecciones la calificación negativa al combate a la corrupción es más alta que la positiva.
Como podemos observar la corrupción es un tema que ya ha entrado en la vida pública y afecta la legitimidad y credibilidad de las autoridades. Esto se puede traducir en el castigo ciudadano, para lo cual los datos entregados nos ayudan a comprender a mayor cabalidad el panorama para este próximo 5 de junio, donde las variables analizadas entre Milenio y Parametría serán determinantes para comprender los resultados electorales.
