Se trata de una investigación aplicada que reúne los más altos estándares internacionales en la materia, con el fin de contribuir al diseño de normativa y políticas públicas que redunden en una mejor protección de derechos humanos, señala el documento.
De esta manera, la CNDH pone a consideración del Senado de la República elementos sólidos que estima deben ser valorados en la discusión en torno al proyecto de Ley General de Aguas, que desde el Congreso de la Unión se encuentran elaborando y revisando.
El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, de acuerdo a la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, emitida en 2002.
La Comisión señala que los tres órdenes de gobierno deben trabajar para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento para todas las personas; objetivo que todavía parece colosal, pues casi nueve millones de personas carecen de agua potable en México y otros 7.8 millones no disponen de alcantarillado, la mayoría en zonas rurales.
La propuesta sugiere que la ley específica sobre el agua considere los siguientes contenidos mínimos:reconocimiento de las personas como titulares del derecho al agua y el saneamiento; precisión de los titulares de obligaciones relativas a los derechos humanos; definición del derecho humano al agua.
Asimismo, definición del derecho humano al saneamiento; reconocimiento y definición de la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover; y principios rectores del enfoque de derechos humanos, es decir, no discriminación, participación, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, justiciabilidad y sostenibilidad.
La investigación enviada por la CNDH fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República para su análisis.
Por otra parte, la CNDH también envió el primer informe trimestral de resultados del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), correspondiente al periodo enero-marzo de 2016, en el marco de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género.
En él destaca la coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), la vinculación con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los esfuerzos para el fortalecimiento de las instancias estatales y municipales de las mujeres, la participación en diferentes instancias de coordinación interinstitucional, para incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
El oficio fue turnado a las comisiones Para la Igualdad de Género del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.