“La violencia política son aquellas acciones y omisiones, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto anular el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos o inherentes a un cargo público”, puntualizó la presidenta de la Comisión Especial.
Durante su primera reunión ordinaria las integrantes acordaron trabajar con sus respectivos partidos políticos para firmar el Acuerdo y como Comisión buscará reunirse con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), para este propósito y reconocer el papel fundamental de la participación de las mujeres en el desarrollo de la vida democrática del México.
Los firmantes asumirán el compromiso de cumplir todas las disposiciones para la promoción y respeto de los derechos político – electorales de las mujeres en términos de paridad y en igualdad de condiciones de género. De esta manera buscan erradicar y sancionar la violencia política ejercida hacia las mujeres en sus propios partidos políticos, con especial énfasis en los procesos electorales 2017 - 2018.
“Es un tema que va más allá de la adhesión a un partido político, continuó Contreras Julián, todos tenemos presente el doloroso caso del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, que fue ultimada a pocas horas de haber asumido el cargo y que refleja la realidad de violencia persistente en nuestro país”, señaló Contreras Julián.
En estas próximas elecciones hay en juego tres gubernaturas, 55 diputaciones y 260 ayuntamientos en el que las mujeres se encuentran en desventaja a los puestos de elección popular. “No debemos permitir que se convierta en un obstáculo que limite la garantía de las mujeres a ejercer sus derechos electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz”, concluyó Contreras Julián.