La diputada federal Aleida Alavez Ruiz explicó que es tiempo de terminar con el impedimento legal que imposibilita al Congreso de la Unión el ejercicio de sus funciones para responsabilizar a las entidades federativas, municipios, integrantes del sistema financiero y calificadoras crediticias que llegaran a cometer alguna falta en perjuicio del interés público.
Advirtió que no puede haber reforma financiera ni fiscal sin plena transparencia de los recursos públicos.
“Es impostergable que los representantes populares conozcamos a cuánto asciende la deuda pública de los estados y municipios, a qué se destinó y los términos en que se contrató. Ello, para determinar si no fueron malversados en perjuicio de la población”, aseguró.
Su propósito, agregó, es proporcionar herramientas al Congreso de la Unión, legislaturas estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal para conocer operaciones crediticias de corto y largo plazo que realizan los estados, municipios, el Distrito Federal y sus 16 delegaciones. Además, los organismos públicos, empresas de participación estatal o municipal y los fideicomisos en los que el fideicomitante sea alguno de los entes señalados.
La también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que esta información, por su naturaleza pública, podrá ser publicitada.
Afirmó que esta iniciativa obedece a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se declaró impedida legalmente a responder al Congreso de la Unión que en enero pasado solicitó un informe completo y actualizado de las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado los estados y municipios, así como sus organismos descentralizados.
En materia de derecho a la información, detalló, la Constitución establece que la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal deben regirse por el hecho de que toda información en posesión de cualquiera de estos niveles de gobierno es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes y “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Aclaró que en las actividades mercantiles se ha buscado la reserva para garantizar los derechos privados de los actores económicos, a través de normas que reflejan la necesidad del secreto en actividades comerciales, por lo que en estos casos la secrecía está garantizada, como lo establecen los artículos 42 y 43 del Código de Comercio
De tal manera que ambas legisladoras proponen reformar la fracción VII y adicionar un antepenúltimo párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para que se elimine el secreto bancario en las deudas federal, estatal y municipal.