Las leyes secundarias de la reforma energética mexicana

En el último mes en el Congreso de México se aprobaron unas 21 leyes con nuevas disposiciones y modificaciones a otras ya existentes que representan la letra chica de la ambiciosa reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que acaba con los monopolios del sector energético y lo abre a la competencia y a la inversión privada.

A continuación una explicación de las principales normas:

- Modifica la estructura de los monopolios Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dándoles autonomía de gestión y presupuestaria. El gobierno federal asumirá parte del pasivo laboral de estas dos compañías, así como de la obligación de pensiones y jubilaciones de empleados.

- Establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen, a través de asignaciones y contratos, así como las contraprestaciones que se incluirán en los contratos y las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

- Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que se encargará de recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos que se otorguen para la exploración y extracción de hidrocarburos.

- Se permitirá la "ocupación temporal" en donde existan contratos o asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos y los dueños de los terrenos recibirán una renta por sus terrenos, así como un porcentaje de las ganancias que se generen en su predio, que no podrá ser menor a 0,5 por ciento ni mayor a dos por ciento o del tres por ciento en caso de gas shale.

- Se permite la utilización del método de fractura hidráulica o "fracking" para obtener gas shale. Este método ha sido fuertemente criticado por organizaciones ambientalistas debido a "los grandes riesgos que representa para el ambiente y la salud humana".

- La Ley de la Industria Eléctrica establece el marco jurídico que regirá las actividades estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad. En estas materias, el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares.

- Se creará el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y se establece que el suministro eléctrico sea un servicio de interés público y que la generación y comercialización de energía eléctrica sean servicios que se presten en un régimen de libre competencia.

- Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y se determina que en las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.