En su exposición, la secretaria Robles Berlanga recordó a la feminista Ana Guerra, quien fuera amiga y compañera de lucha por la igualdad de género de muchas de las mujeres presentes en la reunión, y atrajo a la reunión su frase paradigmática “Queremos una vida libre de violencia, atentamente las mujeres”.
Con la representación del presidente de la República, al lado de la presidente del Instituto Nacional de las Mujeres de México (Inmujeres), Lorena Cruz, la titular de la Sedesol sostuvo que el gobierno federal estableció por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la perspectiva de género, una obligación a incorporar en los presupuestos, programas y acciones de las diferentes dependencias federales, para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.
México está comprometido en la lucha para que las mujeres vivan libres de violencia, dijo la secretaria Robles Berlanga; por ello trabaja para que las leyes e instrumentos se traduzcan en disposiciones legales que posibiliten la igualdad sustantiva y se traduzcan en hechos concretos para facilitar su empoderamiento económico, así como también les permita un acceso efectivo a la justicia, a la salud y a otros derechos.
Afirmó que “la violencia atraviesa todos los estratos de la sociedad y afecta a todas las mujeres, independientemente de su nivel económico, de su condición social y étnica, pero quienes viven en condiciones de pobreza y desigualdad son más vulnerables, por lo cual uno de los mayores esfuerzos del gobierno federal ha sido combatir el hambre y la pobreza, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre”.
“Una mujer con hambre no puede ejercer plenamente sus derechos; una mujer que tiene hambre es víctima también de la violencia”, enfatizó la Secretaria de Desarrollo Social.
Destacó el trabajo institucional para que las mujeres tengan acceso efectivo a la justicia por medio de los Centros de Justicia para las Mujeres y las Ciudades Mujer en diferentes puntos del país, particularmente en los más pobres, y cuenten con espacios para denunciar y ser apoyadas como víctimas de la violencia, así como espacios para su autonomía económica, su salud sexual y reproductiva, entre otros derechos.
Detalló la secretaria Robles Berlanga que en apoyo al trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres, las instancias estatales de mujeres y los gobernadores de los estados avanzan en la armonización de leyes para impulsar la igualdad para las mujeres.
“La igualdad económica es una base fundamental para romper las cadenas de violencia que todavía atan a las mujeres; de ahí el cambio sustancial al programa de transferencias económicas directas para incorporar las salidas productivas y el empoderamiento de las mujeres, transformando a Oportunidades en Prospera”, explicó.
Enfatizó la instrucción del presidente Peña Nieto a las instancias federales que otorgan apoyos para la construcción de vivienda, a fin de promover la escrituración a mujeres, y además, para combatir el hacinamiento, que las casas-habitación entregadas a personas en condiciones de pobreza cuenten con un cuarto adicional, para que las niñas estén protegidas de cualquier circunstancia de violencia.
“Todas estas acciones son parte de los compromisos del Estado mexicano, que suma esfuerzos con los poderes Legislativo y Judicial, con la sociedad, para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres”, concluyó.
En la inauguración de la Primera Conferencia Extraordinaria de Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres participaron: la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Carmen Moreno Toscano; el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo; la ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, Alejandra Mora Mora; la presidente de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Martha Lucía Micher Camarena; la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, y la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa.