Así lo anunciaron los senadores Mariana Gómez del Campo y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del PAN; y Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, al inaugurar el foro “Hacia una Armonización del Proceso de Adopción”, durante el cual estuvo presente la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Margarita Flores Sánchez.
Ante representantes de organizaciones sociales y civiles, el senador Lavalle Maury remarcó la urgencia de establecer un sistema homogéneo en el proceso de adopción en el país, pues actualmente se registran 32 leyes, una por entidad federativa en la República Mexicana, que obstaculiza la adopción de menores.
Esta armonización, debe abarcar a todas las instituciones, pues actualmente del 100 por ciento de niños y niñas en posibilidad de ser adoptados, 70 por ciento son atendidos por organizaciones sociales o civiles y 30 por ciento por sistemas de gobierno, “pero ninguno es más o menos importante que otro”.
El objetivo de homogeneizar el sistema de adopción es dar certidumbre, seguridad y otorgar a los niños y las niñas las mismas oportunidades. Esto requiere trabajar en aspectos como un padrón confiable sobre el número de niños en posibilidades de adopción, igual que el de parejas o personas solteras con potencial para dar un hogar a uno de estos menores.
El senador Lavalle propuso conformar un Consejo, con una alta participación ciudadana, que determine las mejores condiciones para dar en adopción a un menor y haga posible agilizar los procesos para su integración a una familia.
La senadora Gómez del Campo coincidió en que es necesario impulsar reformas que fortalezcan la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de solucionar “retos más grandes como es transparentar los procesos de adopción”.
Se busca dar certidumbre jurídica y agilizar los trámites que permitan la integración de un menor a un seno familiar. En ese sentido, advirtió que en 2010 el DIF recibió mil 889 solicitudes de adopción, pero se otorgaron únicamente 840 menores, y 39 a petición de parejas extranjeras. Esto contrasta con el registro oficial de 30 mil niños que viven fuera de un contexto familiar, en albergues, casas-hogar u orfanatos.
En 2011 se registraron 805 solicitudes en diez entidades federativas: Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, agregó.
“No se cuentan con datos posteriores debido a la falta de cooperación y de coordinación de entidades estatales, por tanto no se cuenta con la información precisa y por eso se requiere una ley generalizada”, reiteró la legisladora.
Esto pone en evidencia la falta de sensibilidad en torno al tema, insistió, donde los infantes resultan “los más vulnerables dentro de los vulnerables”, pues en 2011 sólo se tienen registradas las adopciones de 54 niños con discapacidad, de los cuales 28 fueron niños y 26 niñas.
En materia de peticiones de parejas extranjeras, la edad en la que más se adoptan a niños y niñas mexicanos es de los cuatro a nueve años de edad, con 58.2 por ciento; únicamente se han completado 46 procesos de adopción de menores de 10 a 13 años, lo que representa 16.6 por ciento de los casos.
En materia de adolescentes, destacó, en 2013 sólo se han registrado cuatro casos de adopción, lo cual evidencia que hay un tipo de discriminación por edad o sexo, que dificulta la construcción de hogare
Gómez del Campo remarcó que la falta de transparencia del DIF en los estados llevó a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara dar a conocer el registro de adopciones a nivel municipal, estatal, interestatal e internacional, con datos a abril de 2014, para que las autoridades tengan control de los niños que están en condición de ser adoptados, sin que corra riesgo su integridad física.
El senador Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), expuso que la seguridad jurídica que debe brindarse a niños, niñas y adolescentes para integrarse a una familia, debe entenderse como un derecho humano.
Dijo que en el DIF hay una propuesta de armonización de los procesos de adopción que debe considerarse, al igual que las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. El interés del Senado, aclaró, es impulsar mecanismos que prevengan actos ilegales como la falsificación de actas de nacimiento.
“Hay que promover la cultura de la legalidad en las familias, debemos demostrar que podemos transparentar incluso las acciones más íntimas, como es la adopción, y hacer que el trabajo parlamentario sea útil para la sociedad”, concluyó el senador Barbosa Huerta.
