Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxeberria colocaron el 29 de julio de 2009 una furgoneta bomba, cargada con 700 kilos de explosivos, junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos, en el norte de España. En el complejo vivían entonces 263 personas, aunque en el momento del atentado, muchas familias se encontraban de vacaciones.
La explosión de la furgoneta en la madrugada fue tal, que destrozó la fachada del edificio. No hubo muertos, pero sí 160 heridos. Por cada uno de ellos, la Audiencia Nacional impuso a cada uno de los etarras 24 años de cárcel por el mismo número de delitos de asesinato en grado de tentativa. También impuso a cada uno de los etarras 20 años adicionales por un delito de estragos.
En total, 3,860 años de prisión para cada terrorista, de los que cumplirán 40 años, el máximo que marca la ley. Los jueces de la Audiencia Nacional fijaron de forma explícita en su sentencia que los beneficios penitenciarios, de haberlos, se descontarán del total de la condena y no del límite máximo de estancia en prisión.
ETA ha matado a más de 800 personas desde los años 60 en su pretensión de lograr la independencia del País Vasco del resto de España. En octubre de 2011 anunció el cese definitivo del terrorismo, aunque desde entonces no ha decretado su disolución ni su desarme.