La coalición señala en una misiva enviada al primer ministro, Justin Trudeau, y a los ministros de Seguridad Publica, Marco Mendicino, e Inmigración, Sean Fraser, que Canadá envía a centenares de migrantes a cárceles de máxima seguridad sólo por el temor de que no sigan el proceso de inmigración y refugio mientras sus casos se deciden.
Desde el año 2000, al menos 17 personas han muerto cuando estaban detenidas por las autoridades migratorias canadienses, entre ellos Lucía Vega Jiménez, una ciudadana mexicana de 42 años que se suicidó en 2013 cuando estaba detenida a la espera de su deportación, y Francisco Romero Astorga, un chileno de 39 años que murió de sobredosis en una prisión.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos subrayan que muchos de los inmigrantes detenidos son enviados a prisiones provinciales de máxima seguridad y colocados en confinamiento solitario "de forma indefinida" porque Canadá no ha legislado la duración máxima de la detención de inmigrantes.
"Los datos de investigaciones médicas son claros: la detención de inmigrantes puede causar graves daños, particularmente cuando el encarcelamiento es prolongado e ilimitado", añadió la carta enviada de Trudeau.
La situación es tan grave que ocho de las 10 provincias del país han decidido terminar los acuerdos que tenían con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés) para que a partir de julio, los inmigrantes no sean enviados a sus prisiones sólo por razones migratorias.
El ministro de Seguridad Publica de la provincia de Alberta ha declarado su apoyo al fin del acuerdo con CBSA ya que "la gente que viene a Canadá para empezar de nuevo y buscar una nueva vida se merece algo más que una celda en una cárcel mientras su caso se decide".
Desde que llegó al poder en 2015, Trudeau se ha comprometido a acabar con la detención indefinida y en prisiones de migrantes, algo que ocho años después todavía no ha sucedido.