Señalaron que dos casos son la matanza de El Mozote, perpetrada en 1981 y por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acaba de condenar al Estado salvadoreño, y el asesinato del arzobispo Óscar Romero, en 1980, sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en 2000.
La CIDH, con sede en Washington, también emitió una resolución contra el Estado salvadoreño por El Mozote en 2010.
"Vemos de forma general de parte de este Estado un actuar un tanto negligente o utilitario" ante esos casos, porque no cumple con las medidas estructurales de reparación, dijo Loyda Robles, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en un acto realizado en el marco del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebró ayer.
Señaló que en el caso de Romero se ha dado "cierto cumplimiento en algunas medidas, pero que no son en relación al cumplimiento de las recomendaciones" del Sistema Interamericano.
En el acto, Fespad y Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador denunciaron la impunidad del asesinato de Romero, el 24 de marzo de 1980, cuando fue ultimado por un francotirador mientras oficiaba una misa en una capilla capitalina.
También denunciaron la impunidad de la masacre de El Mozote, ejecutada entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 por miembros del Ejército salvadoreño en dicho lugar y caseríos aledaños, del departamento de Morazán (norte).
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, divulgó ayer la sentencia contra el Estado salvadoreño por esa masacre, la cual tiene fecha del 25 de octubre pasado.
Esta nueva sentencia "viene a confirmar que efectivamente en la época de los 80 la justicia no funcionó, que la gente aquí fue asesinada (...), no tuvo acceso a la justicia, fue perseguida, fue desplazada", y continúa sin conocer la justicia, dijo a Efe Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal.
El Estado salvadoreño ha pedido perdón en los casos de Romero y El Mozote, y ha impulsado algunas medidas de reparación.
Sin embargo, Robles afirmó que estas medidas se han quedado en "gestos" de buena voluntad, que no están mal, pero que no cumplen las recomendaciones principales dictadas por la CIDH, con sede en Washington.
En el caso de Romero el pedido de perdón por parte del presidente Mauricio Funes se realizó en un acto que no fue convocado directamente para eso, sino para la inauguración de un mural en su honor, criticó Robles.
Señaló que el Estado sigue sin cumplir tres de las recomendaciones principales en el caso del arzobispo: investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen; dejar sin efecto la Ley de Amnistía (emitida en 1993) y adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos.
La "actitud general del Estado" desde 2000, cuando la CIDH emitió la resolución en su contra por el caso Romero, "ha sido la de perpetuar la impunidad", indicaron en un comunicado FESPAD y Tutela Legal.
En el caso de El Mozote, la CIDH emitió una resolución en contra de El Salvador el 3 de noviembre de 2010 y la CorteIDH, el pasado 25 de octubre, lo condenó por el hecho.
Funes pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote durante un acto celebrado en ese caserío, con motivo del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz que acabaron con la guerra civil (1980-1992).
El Gobierno, a través de Cancillería salvadoreña, aceptó hoy la sentencia condenatoria CorteIDH por la matanza de El Mozote, en la que militares salvadoreños asesinaron a cientos de personas en 1981.
"Los pedidos de perdón son buenos (...) pero además deben de ir acompañados de justicia", expresó Medrano.