La demanda, presentada por el grupo Earthjustice ante el tribunal federal del Distrito California Norte, indica que el Pentágono tiene contratos para quemar millones de litros de espumas supresoras de fuego que contienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS en inglés.
Las PFAS son agentes químicos que son utilizados en una variedad de industrias en todo el mundo desde la década de 1940, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y son sumamente persistentes en el ambiente y en el cuerpo humano, es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo.
La organización puso de manifiesto evidencias de que la exposición a las PFAS puede causar efectos perjudiciales en las personas y están vinculados al "cáncer, enfermedad hepática, infertilidad y otros efectos graves para la salud".
"No todas las plantas de incineración en el país pueden tratar estos compuestos", dijo a Efe Alejandro Dávila Fragoso, portavoz de Earthjustice.
"El gobierno no ha respondido de manera directa a nuestros pedidos amparados bajo la Ley de Libertad de Información, de manera que no es del todo claro si el gobierno ya envió o si ya está quemando esos compuestos", agregó.
Entre las plantas identificadas por los demandantes figura la incineradora CWM ubicada en Sauget, una localidad de unos 200 habitantes en el suroeste de Illinois, y donde "el 61% de los residentes que viven dentro de un radio de tres millas del incinerador son afroamericanos", según la querella.
Están también las plantas de Veolia en Port Arthur, y Laidlaw en Deer Park, ambas en Texas."Más del 70 % de los residentes de Port Arthur son afroamericanos o latinos, y el riesgo de cáncer entre los afroamericanos en el condado de Jefferson, donde se encuentra Port Arthur, es un 15 % más alto que el promedio estatal", se lee en la demanda.
En enero pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que requiere que el Pentágono coopere con los estados y los municipios en la limpieza de la contaminación causada por esos compuestos, una medida que ayudaría a eliminar las sustancias tóxicas en el agua potable.
La legislación estipula que la EPA declare las PFAS como compuestos tóxicos, pero el proyecto encara dura resistencia en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría, y la Casa Blanca ha advertido que vetará la ley argumentando que su aplicación es muy costosa.
Fuentes legislativas han calculado que entre 5 y 10 millones de personas en todo el país pueden estar expuestas al agua contaminada con esos compuestos, que se han vinculado con el cáncer testicular y renal, enfermedad de la tiroides, alto colesterol, defectos de nacimiento y alta presión arterial en las mujeres embarazadas.
De acuerdo con documentos del gobierno obtenidos por Earthjustice ya se ha procedido o está en marcha la incineración de PFAS en las localidades de East Liverpool (Ohio), Arkadelphia y El Dorado (Arkansas) y Cohoes (Nueva York).
"La incineración puede estar ya en marcha en esas y otras localidades, pero el Departamento de Defensa no ha respondido plenamente a los pedidos de información que buscan una lista completa de la ubicación de las plantas incineradoras", dijo Dávila.
"Como dirigentes religiosos creemos que cada vida es importante y que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a toda la gente, especialmente nuestros niños", dijo Cheryl Sommer, de las congregaciones Unidas en el área de St. Louis Metro Este.
"Nuestra área ya contiene múltiples depósitos de contaminantes y tiene un impacto profundo por la contaminación del aire", añadió en declaraciones recogidas en una nota de prensa de Earthjustice. "Es irresponsable esperar que carguemos con más permitiendo la incineración de PFAS en nuestra ciudad".
Según Alonzo Spencer, de Save Our County en East Liverpool, Ohio, "la incineradora en East Liverpool es una gran amenaza para la salud de quienes viven en el área, especialmente dado que ahora acepta este desecho militar tóxico".