Hace unos meses hubo un debate público por algunas afirmaciones mías respecto a una intromisión indebida en el proceso legislativo en el marco del paquete económico, donde yo señalé públicamente que había una intromisión de un gobernador de un estado de la República, que estaba interviniendo y había intervenido, para orientar, presionar y modular el contenido del paquete económico de ingresos y egresos para 2010.
A mis afirmaciones públicas hubo una respuesta que yo recibí por escrito el 21 de noviembre de 2009. Este escrito con hoja membretada del gobierno del Estado de México, viene dirigida a mí personalmente y está firmado por el licenciado Enrique Peña Nieto.
En este escrito, refuta mis afirmaciones y establece que era falso que los gobernadores, y él en particular, hubiesen tenido una influencia indebida en las decisiones de la Cámara Baja en materia presupuestal, que mi afirmación era un exceso y una falta de respeto a los legisladores que aprobaron el Presupuesto de Egresos (inaudible) en la Cámara de Diputados.
Ahora me entero que un hombre de toda la cercanía del gobernador Peña Nieto, firmó un documento con el secretario de Gobernación, con la presidenta nacional del PRI y con el presidente nacional del PAN, para proteger, ya no las alianzas de las entidades gobernadas por el PRI, sino como un muro de contención y de protección para una entidad en particular, el Estado de México.
Y hoy los actores involucrados: el presidente nacional del PAN, la presidenta nacional del PRI, el secretario de Gobernación y el propio gobernador del Estado de México, en una entrevista televisiva ayer o antier, reconocen, los cuatro, que estaban en un acuerdo para impactar, influir y determinar responsabilidades legislativas en función de un acuerdo firmado en donde intercambiaban respaldo al incremento de los impuestos a todos los mexicanos, para proteger a un estado de la República, el Estado de México. Me parece enormemente grave.
Me parece no solamente grave lo que ocurrió, sino me alarma lo que puede ocurrir en unos días más en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados, porque pregunto, le pregunto al gobernador Peña Nieto y le pregunto al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: ¿Qué más acordaron?, ¿qué otros temas influyeron?, ¿qué otros intereses están protegiendo?
Les quiero preguntar en mi calidad de Presidente del Senado, ¿han comprometido reformas en curso, como la reforma política o la reforma fiscal a cambio de pactos de protección electoral y política para el Estado de México?
Es la pregunta que quiero hacer y voy a exigir respuestas por una razón: puede estar en riesgo el conjunto de reformas que están discutiéndose en el Congreso, si estas reformas están tocadas de muerte por acuerdos secretos que podemos conocer en unos cuantos meses más.
Pregunto, ¿la pretensión de presentar iniciativas desde la Cámara de Diputados en materia de reforma política, sabiendo que el acuerdo es que se procese desde el Senado, tiene que ver con una instrucción desde Toluca para hacer estallar en pedazos la reforma política?
Pregunto públicamente y exijo las respuestas del gobernador Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
¿La reforma fiscal que está tratándose y procesándose en la Cámara de Diputados, va a saltar hecha pedazos porque hay acuerdos para no realizarla y seguir exprimiendo a los contribuyentes mexicanos con más impuestos porque hay una decisión pactada de ir con una decisión pactada, de no ir a una reforma fiscal de fondo? Es lo que tengo el derecho a preguntar y la exigencia a preguntar.
Está claro que aquí varios han sido cogidos con las manos en la puerta, varios mintieron pero sobre todo dos, un gobernador y un secretario de Gobernación, aquí está la prueba.
El ciudadano gobernador del Estado de México afirmó categóricamente que no había influido, que no había participado, que no tenía nada que ver y se salió por peteneras, con un subterfugio, diciendo: fue responsabilidad de los señores diputados federales el paquete económico. Pues ya está claro que no.
Que no solamente no dejó libertad para que se actuara en la Cámara de Diputados, sino que pactó, firmó, y ahora lo reconoce públicamente, a cambio de la protección, insisto, no de Oaxaca, no de Hidalgo, no de Durango, no de cualquier otro estado, pactó para colocar un muro de contención en el Estado de México que impidiera que el partido del gobierno, el PAN, y otras fuerzas políticas pudieran pactar en 2011 cualquier alianza electoral.
No le importa la suerte de los gobernadores pristas en el país, no le importa proteger a su partido, le importa proteger su proyecto político y en ello, no tiene empacho en involucrar y en deteriorar a su propia presidenta nacional.
Pero me parece también igual de grave lo ocurrido con el secretario de Gobernación. Voy a hacer una afirmación bajo mi estricta responsabilidad personal como senador de la República, me había cuidado de no hacerlo por prudencia y por respeto, pero ante las evidencias que se han presentado públicamente, no puedo callar y no puedo dejar pasar lo acontecido.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ha cometido una grave violación constitucional y una grave violación a la Ley Electoral.
El secretario de Gobernación no tiene facultades, ni mandato, ni marco jurídico ni constitucional, para regresar a la Secretaría de Gobernación, el manejo de temas electorales.
En 1996, cuando él se había separado de su partido, de las actividades públicas de su partido para irse a su despacho, tal vez no se enteró, que se pactó una reforma política y que esa reforma política expulsó al gobierno del control de los procesos electorales.
Se construyó el IFE actual, se construyó el Tribunal Federal, se construyeron un conjunto de instituciones cuyo principio fundamental y columna vertebral era expulsar al gobierno de la organización de elecciones, de los temas electorales, de los conflictos postelectorales y de las soluciones políticas a los procesos electorales. Se terminó ese tema, 1996.
Y 14 años después, un secretario de Gobernación olvida esa reforma y regresa a Bucareli los temas electorales que sólo deben involucrar a partidos, candidatos, órganos electorales y electores. Y eso me parece que constituye una grave violación a la Constitución y a la legalidad electoral que todos nos hemos dado y hemos respetado, o habíamos respetado hasta ahora.
No hay tema desde hace 14 años que pretenda resolverse después de una elección en Gobernación, todo vamos al Tribunal Federal, todos presentamos argumentos ahí.
Y las alianzas y no alianzas se ven en los órganos electorales locales y en el IFE, y cuando hay inconformidades vamos al Tribunal Federal y ahí terminan los temas.
El gobierno ya no tiene vela en el entierro, ni tiene participación en los temas electorales. ¿Por qué un secretario de Gobernación convoca a un gobierno estatal y a dos dirigentes de partidos políticos a firmar acuerdos y estampa su firma en documentos que ahora son públicos, para proteger una entidad, un proceso electoral y una aspiración?
Pero digo una cosa más grave todavía, quiero preguntarle al secretario de Gobernación, si el ciudadano licenciado Carlos Salinas está estrenando operador electoral. Pregunto si el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se ha incorporado al equipo promotor de Enrique Peña Nieto y si lo ha hecho su candidato a la Presidencia ya desde ahora, desde el Palacio de Covián, de Bucareli, abiertamente, doblegando dirigentes nacionales de partidos, estampando firmas, pactando, protegiendo aspiraciones personales rumbo al 2012. Tengo derecho a preguntarlo y espero respuestas contundentes.
Me parece que es muy grave y termino con lo siguiente: Tengo la obligación como senador, de impulsar la plena autonomía del Congreso de la Unión.
Nos ha costado mucho trabajo el equilibrio de Poderes, la plena independencia del Poder Legislativo, la libertad para decidir sus reformas y sus acciones, la plena garantía de que legisladores y grupos parlamentarios procesan sus propuestas, debaten sus argumentos, votan en conciencia y respetan lo que en el Congreso se decide.
Aceptar que un gobernador o un secretario de Gobernación, pactan en Bucareli medidas legislativas es un atentado contra el Congreso de la Unión, contra sus grupos parlamentarios, contra diputados y senadores. Y eso no lo puedo aceptar de ninguna manera.
Me parece que es un ataque frontal que pretende destruir la autonomía del Congreso de la Unión influir indebidamente en sus reformas y someter a grupos parlamentarios y a legisladores a decisiones ajenas que, incluso, ni siquiera son conocidos en los propios recintos parlamentarios.
Aquí en Xicoténcatl se ha dicho que nadie fue consultado sobre los acuerdos, que nadie firmó, que nadie participó, que nadie vinculó su voto a los acuerdos. Pero estoy obligado a salir en defensa del Senado de la República y lo voy a hacer con toda mi capacidad, con toda mi energía y con toda mi convicción.
Y no estoy midiendo riesgos ni estoy haciendo cálculos políticos, lo voy a hacer categóricamente. Y voy a reunirme con los coordinadores parlamentarios en el Senado pidiéndoles un cierre de filas en defensa del Senado de la República, un cierre de filas en defensa de la autonomía del Senado.
En el Senado nadie puede comprometer ni votos ni reformas, ni nadie que no sena los propios senadores y senadoras en el libre ejercicio de sus facultades.
Ni un gobernador, por poderoso que parezca, o aunque despache el Toluca; ni un secretario de Gobernación, ni un dirigente partidario, debe decidir al margen de los grupos en el Senado, decisiones fundamentales. Y como la reforma política está corriendo riesgos con esto, no quiero esperarme a que a finales de abril, el Senado se vea empantanado por decisiones extrañas y ajenas que boicoteen y dinamiten el compromiso que el Senado tiene de aprobar una reforma política que le sirva al país.
Pero de la misma manera, no podemos permanecer impávidos si estos mismos acuerdos o los que se hayan firmado y no conozcamos, dinamiten también la reforma fiscal que está en proceso en la Cámara de Diputados y que la Senado le corresponde como Cámara revisora participar en su momento, también.
Sé el alcance de lo que estoy diciendo y sé el significado de lo que estoy diciendo. Por eso me permití convocarlos, no quise esperar hasta el lunes porque me reuniré ahorita con el equipo asesor, e incluso valoraré la posibilidad de no solamente lanzar esta exigencia pública de explicaciones sino de formalizar por escrito, al señor gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al ciudadano secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo que estoy diciendo en este momento frente a ustedes.