Al presentar el instrumento recomendatorio, la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, recordó que en los 22 años de existencia del Organismo, se han emitido 53 Recomendaciones sobre tortura que en su mayoría han sido dirigidas a las mismas instituciones.
Dijo que la Comisión refuerza la estrategia no solo para sancionar, sino para prevenir y erradicar este flagelo que involucra patrones de conducta, como la preexistencia de una detención ilegal o arbitraria, agresiones, dilación en puesta a disposición, inadecuada defensa, incomunicación, y negativa o ineficaz investigación de las vulneraciones denunciadas.
Explicó la Ombudsperson capitalina que la Recomendación 1/2016 consta de 17 casos, se involucran 19 expedientes registrados en esta Comisión entre los años 2010 y 2014 y afectan a 27 personas.
Mencionó que del análisis de los casos, se concluyó que existieron detenciones arbitrarias en 17 casos, mientras que en 14 se realizaron aprehensiones ilegales.
Gómez Gallardo destacó que se comprobó que la tortura se cometió en 7 casos al momento de la detención, en 12 durante el traslado, y 12 en el lugar de espera antes de la presentación ante la autoridad.
Indicó que los actos de tortura tuvieron como objetivo que las personas se autoincriminaran en la comisión de algún delito o buscaban castigar a personas presuntamente responsables.
La Doctora Perla Gómez destacó que es grave el hecho de que recurrentes y documentadas violaciones sobre casos de tortura descritas en los expedientes no hayan sido investigadas, a pesar de las denuncias realizadas por las víctimas, situación que propicia la impunidad y persistencia de esta conducta.
El documento presentado hoy tiene 25 puntos Recomendatorios dirigidos a la PGJDF, a la SSPDF y a la Consejería Jurídica capitalina, en los que se pide, entre otras cosas, que se indemnice a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial considerando cada caso.
También que se establezca una estrategia de capacitación y formación en materia de prevención, sanción y erradicación de tortura desde la perspectiva de derechos humanos; evitar la exhibición de personas sujetas a un procedimiento ministerial o judicial en medios de comunicación y aplicar protocolos en escenarios de detención donde haya presentes niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
Menciona la CDHDF que debe garantizarse que toda persona defensora pública, cuente con cédula profesional y acredite experiencia, así como conocimientos técnicos en materia penal que garantice una adecuada defensa al imputado de delito.