Los abogados de tres de los 38 acusados por corruptelas que salpicaron a Brasil en 2005 admitieron hoy que hubo "ilícitos" en la campaña que llevó al poder a Luiz Inácio Lula da Silva, pero rechazaron que haya habido sobornos en el Congreso.
El más claro, en ese sentido, fue el abogado Arnaldo Malheiros, que defiende al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Delubio Soares, quien testificó ante el pleno del Tribunal Supremo que parte del dinero recaudado para la campaña de Lula no fue declarado a las autoridades electorales.
El abogado fue así al corazón del proceso, considerado histórico en Brasil y que intenta determinar si hubo una trama dirigida a sobornar a decenas de parlamentarios, como dice la acusación, o si solo fue dinero recaudado en forma irregular para campañas, lo cual no pasaría de una violación de normas electorales ya prescrita.
Según Malheiros, el dinero que motivó la acusación fue entregado en efectivo por el PT a otros tres partidos que se sumaron a la coalición de Gobierno "porque era ilícito", "no declarado" y, por tanto, no se podía manejar a través de cuentas bancarias pues sería detectado.
No obstante, negó en forma contundente que esos recursos, que la Policía calcula en unos 100 millones de reales (cerca de 47 millones de dólares en la época) hayan sido utilizado para sobornar diputados y "comprar" así su apoyo al Gobierno en el Congreso.
Malheiros desestimó así que el dinero repartido por el PT a esos partidos haya sido para "construir una mayoría parlamentaria" que el Gobierno de Lula no tenía cuando asumió el 1 de enero de 2003, que es una de las tesis de la acusación formulada por la Procuraduría General.
Durante la tercera audiencia del proceso que la prensa local ha coincidido en calificar de "juicio del siglo", también presentaron sus alegatos los defensores del exministro de la Presidencia José Dirceu y del expresidente del PT José Genoino.
Ambos, según Malheiros, estuvieron entre los dirigentes del PT que "instruyeron" a Delubio Soares a obtener recursos para campañas de ese y otros partidos, pero sus abogados evitaron esa vertiente del proceso y se centraron en rechazar la alegada "compra de votos".
El defensor del exministro José Dirceu, José Luis de Oliveira, fue enfático al afirmar que "no hay una prueba" contra su cliente, a quien la Procuraduría considera "jefe" de una "banda" que entre 2002 y 2005 operó lo que califica de "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil".
De Oliveira dijo que si fueron violadas normas de financiación de campañas es algo sobre lo que el PT debe responder ante la justicia electoral y que no implica a su cliente.
En el caso de Dirceu, afirmó que la acusación se apoya en "unos pocos testimonios" y en artículos de prensa, pero "desprecia el proceso legal" y "desconoce" a otros "cientos de testigos" que niegan tanto los hechos como su supuesta responsabilidad.
"No es verdad que existió la propalada compra de votos" ni "hay nada que pueda probarlo", declaró De Oliveira.
El abogado de Dirceu incluso parafraseó a la acusación y afirmó que "la defensa entiende que el pedido de condena con base en los elementos producidos (por la Procuraduría) es el más escandaloso y atrevido ataque a la Constitución nacional".
También hoy presentó sus argumentos el abogado Marcos Leonardo, quien defiende al publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el "articulador" de la trama y acusado de haber puesto sus dos empresas al servicio del PT y las supuestas corruptelas.
Leonardo admitió la participación de su cliente en la recaudación de recursos para campañas y en la obtención de créditos para el PT, pero rechazó que haya habido dinero público, con lo cual también transfirió toda la responsabilidad de Fernandes al ámbito electoral y lo desvinculó de lo penal.
El juicio comenzó el jueves pasado y, según el Supremo, la fase de alegatos se prolongará hasta el 15 de agosto y las sentencias se conocerán antes de mediados de septiembre próximo.