En respuesta a una solicitud de información, Pemex manifestó que no era competente para atender dicha petición y orientó al particular a la subsidiaria Pemex Refinación.
Inconforme con la respuesta, el solicitante de la información pidió la intervención del IFAI para la revisión de su caso.
Una vez admitido el asunto y en la etapa inicial de la investigación, Pemex señaló que en su Dirección Jurídica se tramitaban dos demandas en contra de AQUAPRESS S.A. de C.V., así como un incidente criminal y una averiguación previa, por lo que declaró reservada la información porque la difusión afectaría su estrategia procesal y además porque formaba parte de un juicio en el que no se había emitido sentencia definitiva.
En el análisis del caso, la comisionada ponente Areli Cano Guadiana indicó que la información solicitada por el particular no puede revelar estrategia procesal alguna, ya que “se trata de documentos emitidos con anterioridad a dichos procedimientos y con motivo del cumplimiento del contrato, por lo que no podría impactar en la resolución de los asuntos”, además, dicha información ya es del conocimiento de las partes en conflicto.
Durante la exposición del tema, Areli Cano subrayó que de acuerdo con información publicada por Pemex, desde el 2002 se han registrado más de 4 mil fugas y derrames de crudo, siendo uno de los más significativos el del municipio de Nanchital, Veracruz, donde en 2004 cinco mil barriles se derramaron en el Río Coatzacoalcos, llegando inclusive al Golfo de México.
Cano Guadiana agregó que para hacer frente a esta contingencia, Pemex contrató siete empresas privadas que realizaron la limpieza de la zona y uno de los contratos fue asignado a AQUAPRESS S.A de C.V. Sin embargo, dijo la comisionada, dichos trabajos se vieron envueltos en una serie de irregularidades que derivaron en un aumento injustificado del presupuesto hasta alcanzar la cifra de 1, 624 millones de pesos.
Como parte de las investigaciones, en 2005 el Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación inició una indagatoria contra AQUAPRESS por la presunta falsificación de comprobantes fiscales para el cobro de recursos a Pemex.
Como resultado de este procedimiento, en 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sanción de AQUAPRESS S.A de C.V consistente en la inhabilitación por un año y seis meses para evitar su participación en la celebración de contratos con el sector público.
Finalmente, la comisionada ponente señaló que el tema es de interés público toda vez que el contrato en mención se refiere a los esfuerzos para combatir contingencias ambientales derivadas del derrame de petróleo y deben conocerse los resultados esperados, además de la correcta aplicación de los recursos, así como la actuación de los servidores públicos.
Por lo anterior, el Pleno del Instituto revocó la respuesta e instruyó a Pemex a entregar la información solicitada por el particular.