En 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata inició una investigación sobre el presidente del Consejo de Administración de HSBC entre 2006 y 2007, Peter Widmer; los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister; y otros cuatro directivos, que posteriormente amplió a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas.
El magistrado trataba de aclarar si hubo movimientos de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al fisco, dentro de una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.
El pasado 17 de diciembre, los peritos designados por el Banco de España ratificaron en sede judicial sus informes, que desvelaban movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde el Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC Private Bank Suisse, operaciones que se habrían ocultado al fisco español, señala Anticorrupción en una nota.
Entre las operativas destacadas figura una efectuada por el difunto presidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, que fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ocultar hasta mediados de 2010 una parte de sus acciones en Bankinter después de que la Audiencia Nacional anulara una primera sanción impuesta por el mismo motivo.
En su escrito, la Fiscalía constata que "los distintos obligados tributarios ocultaban sus patrimonios en la entidad bancaria suiza durante largos periodos, acumulándose las cuotas defraudadas año tras año a través de sus cuentas".
Pero admite que la legislación vigente "ha mantenido expresamente la exclusión de responsabilidad por las falsedades documentales vinculadas a los fraudes fiscales regularizados", como ha ocurrido en este caso.
Los fiscales que firman el documento, Carmen Launa -que participó en el juicio por la salida a bolsa de Bankia-, y Juan José Rosa, lamentan que se pretenda amparar "una organización de blanqueo sistemático por una regularización puntual a posteriori".
Por todo ello, aunque en su opinión se ha cometido un delito, "no hay motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores", razón por la cual piden el sobreseimiento.
Asimismo, instan a que se remita toda la documentación a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).