Durante décadas los políticos, los medios y las compañías digitales han bregado en torno a la adopción de normas de alcance nacional que protejan la privacidad de los individuos.
La presidenta del Comité de Comercio en el Senado, Maria Cantwell, demócrata del estado de Washington, y la presidenta del Comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes, Cathy McMorris, republicana del mismo estado, anunciaron su propuesta para una Ley de Derechos de Privacidad (APRA, en inglés).
En el marco de esa legislación, que quiere marcar un claro estándar a nivel nacional, los consumidores tendrán la opción de quedar excluidos de la publicidad selectiva y dirigida individualmente, y podrán inspeccionar, corregir, borrar y copiar la información personal que sobre ellos tienen los servicios en internet.
"Este hito en la legislación da a los estadounidenses el derecho de controlar adónde va su información y quién puede venderla", señaló en una declaración McMorris.
La propuesta de ley "le pone freno a las Grandes Tecnológicas prohibiéndoles que sigan en internet, hagan predicciones y manipulen los comportamientos de las personas por lucro y sin su conocimiento y consentimiento", agregó la legisladora.
El proyecto de ley APRA, que cubre 53 páginas, incluye texto tomado de la ley de privacidad de California que permite que los usuarios demanden a las compañías cuando resulten perjudicados por una divulgación ilegítima de datos.
Asimismo otorga autoridad a la Comisión Federal de Comercio (FTC), los estados y los ciudadanos para demandar a las empresas cuando éstas violen la ley.
Según el resumen de la iniciativa preparado por el Comité de Comercio del Senado, las categorías de datos que podrían ser afectadas por APRA incluyen algunas de "información que identifique o esté vinculada, o pueda razonablemente estar vinculada a un individuo".
Las empresas pequeñas, esto es las que tienen ingresos anuales de menos de 40 millones de dólares y usan de manera limitada la recolección de datos, estarían exentas, y la ley, si se promulga, estará enfocada en las compañías con más de 250 millones de dólares en ingresos anuales.
Una sección de la iniciativa que se refiere a los derechos civiles prohibiría que las compañías usen la información individual de las personas para discriminar en su perjuicio y permitiría que las personas pidan ser excluidas en el uso de algoritmos que toman decisiones sobre vivienda, empleo, cuidado de la salud, crédito, educación y seguros.
