En declaraciones a la agencia local Kyodo, Takahira Ogawa, director de calificaciones soberanas de S&P, indicó que el impacto negativo del terremoto y tsunami de marzo sobre la economía y las finanzas parece menos perjudicial de lo inicialmente estimado.
Pese a ello, insistió en que el gobierno japonés debe dejar claro de qué modo va a alcanzar la consolidación fiscal a medio plazo y presentar un plan sostenible y realista.
S&P rebajó el pasado enero la calificación de la deuda de Japón a AA-, por primera vez desde 2002, ante las dificultades del gobierno para sanear las cuentas públicas.
Según Ogawa, uno de los factores que amenazan la calificación de Japón es la inestabilidad política del país, que tiene un Parlamento dividido en el que la oposición controla la Cámara Alta, mientras que por el gobierno han pasado seis primeros ministros desde 2006.
En esta situación, "es prácticamente imposible para cualquier gobierno crear políticas a largo plazo", dijo el analista, citado por Kyodo.
También consideró que el actual primer ministro, Yoshihiko Noda, un ex ministro de Finanzas que asumió el poder a principios de este mes, podría aplicar una nueva política, aunque para Ogawa lo debe hacer de modo que no deteriore la confianza de los votantes.
Las maltrechas cuentas públicas han sido de los principales caballos de batalla de los últimos gobiernos de Japón, un país cuya deuda pública asciende a más del doble del Producto Interior Bruto, la mayor de un país industrializado.
