El programa contempla medidas jurídicas, de fortalecimiento institucional, de construcción de datos y conocimiento, de capacitación y atención, asistencia y reparación a víctimas.
En materia jurídica, busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, para lo cual se proponen acciones como conformar una comisión legislativa y comisiones en los cabildos municipales que se encarguen de dicho proceso, presentar reformas en el Legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición.
Para fortalecer las instituciones prevé emitir el Programa Estatal de Búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación continua del desempeño del personal que atiende a víctimas de desaparición, generar estrategias preventivas y fortalecer y consolidar la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía estatal.
Con el fin de mejorar los sistemas de información para conocer a fondo el fenómeno llevarán a cabo georreferenciaciones de los casos de desaparición y propone crear un mecanismo de acopio y resguardo de información de personas desaparecidas.
Para garantizar la capacitación de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado de México, sus municipios, sus organismos autónomos y de los poderes del estado diseñarán modelos de evaluación continua y programas especializados de capacitación en materia jurídica.
En materia de atención, asistencia y reparación del daño, crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas, y se elaborará un programa de reparación del daño.
Las medidas, que fueron elaboradas con la participación de colectivos y especialistas, comenzarán a implementarse de manera inmediata y deberán mostrar los primeros resultados medibles en un plazo máximo de un año.
En la atención a esta Alerta trabajan de manera coordinada las Secretarías de Seguridad, de Movilidad y de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Legislatura del Estado de México y el Poder Judicial.
Además, los Ayuntamientos considerados en la alerta, Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).