"La dirección de asuntos internos de esta dependencia precedió a suspender temporalmente a los elementos que reportaron los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en la colonia (barrio) Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, para facilitar las investigaciones", informó la secretaría en un comunicado.
Asimismo, indicó que el Gobierno de Tamaulipas "reitera su plena disposición a colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones y ratifica su compromiso de que, en cumplimiento de su deber, los servidores públicos deberán apegarse a la legalidad".
De acuerdo con la versión oficial, la mañana del 5 de septiembre sucedió un tiroteo entre policías estatales y presuntos narcotraficantes en la fronteriza Nuevo Laredo.
Por el lugar circulaba una camioneta blindada color negro con cinco hombres armados vestidos con uniformes militares similares a los que usa la Marina Armada de México, pero en sus chalecos antibalas estaba escrito 'Cartel del Noreste', anteriormente llamados los Zetas.
Los policías y delincuentes intercambiaron disparos y un presunto sicario murió en el interior de la camioneta mientras el resto se refugió en el interior de un domicilio.
El resto de los presuntos criminales murieron en la casa, según el reporte de la Procuraduría.
No obstante, una versión alternativa recientemente difundida indica que la ejecución fue planificada por los elementos de la policía estatal ayudados por militares.
Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los policías sacaron a 8 personas de sus casas, las vistieron con uniformes similares a los del cártel Guerreros Unidos y las ejecutaron en un domicilio.
Después reportaron que los muertos derivaron de un enfrentamiento contra el crimen organizado.
De acuerdo con esta ONG, los policías estatales realizaron el montaje a fin de aparentar que la autoridad está trabajando y le está ganando la carrera a los criminales en el estado, uno de los que más sufre la violencia en México.
"Si la autoridad estatal no puede combatir la delincuencia con la aplicación de la ley, va a buscar la ilegalidad para obtener el mismo resultado. Y para ello le quitaron la vida a varias personas haciéndoles pasar por sicarios", denunció el miércoles a Efe el presidente del Comité, Raymundo Ramos.
Sobre el caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, Alejandro Encinas, lo calificó de "gravísimo" y "va en contra de la política de defensa de derechos humanos que ha planteado el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".
Encinas dijo a medios en Ciudad de México que se tiene que "hacer una investigación a fondo de los hechos, el Gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como la ejecución extrajudicial y se deben deslindar responsabilidades".
Este jueves, López Obrador dijo en su conferencia de prensa matinal que su Gobierno no tolerará "violación de derechos humanos" como la sucedida.
"No se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar", aseguró.
Asimismo, dijo que "la fiscalía está haciendo una investigación" del caso.