La Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca erradicar las más de 6 mil llamadas de extorsión y amenazas que se realizan diariamente desde los 429 reclusorios del país con fines de extorsión por parte de bandas de criminales que utilizan teléfonos celulares robados.
En el marco de la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobó por 315 a favor, seis en contra y siete abstenciones, la reforma que obligará a las empresas de telefonía celular dar de baja a los aparatos reportados como robados o extraviados, así como ubicar desde dónde se están realizando llamadas con fines de delincuencia.
Arturo Zamora Jiménez, legislador del PRI, expuso que esta reforma dota de un sistema eficaz al gobierno federal y a los gobiernos estatales para -por medio de instrumentos tecnológicos- inhibir las más de 6 mil llamadas con fines de extorsión, amenazas de secuestro y otros delitos que se realizan en promedio todos los días desde los 429 centros de reclusión del país.
En tribuna, expuso que además se busca erradicar la comunicación hacia el exterior de los internos con fines extorsivos, se eliminará la comunicación interna entre bandas de delincuentes que organizan esquemas de violencia generalizada que en ocasiones derivan en motines y fugas.
“Se plantea que los permisionarios y concesionarios estarán obligados a llevar esquemas de localización georeferencial de los lugares desde donde salen las llamadas de amenazas y por otra parte esta reforma no viola ninguna disposición constitucional”, apuntó Zamora Jiménez.
El legislador por Jalisco indicó que también se establece la obligación de las empresas telefónicas de de colaborar con las autoridades y en tiempo real ubicar y bloquear las llamadas que se realizan desde celulares reportados como robados o extraviados.
La reforma, turnada al Ejecutivo Federal, establece la obligación de todos los Centros de Readaptación Social para colocar aparatos y dispositivos que bloquen las señales de telefonía celular desde adentro y en el perímetro de los mismos, ello para frenar las bandas de extorsionadores en el país.
También obliga a los concesionarios de las empresas de telefonía móvil para establecer dispositivos en los aparatos que ofertan al público que tengan dispositivos para realizar llamadas de emergencia a las autoridades.
Se establece que en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el titular de la PGR o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados.
Se incluyen sanciones a la autoridad investigadora que utilice los datos e información obtenidos como resultado de localización geográfica de equipos de comunicación móvil para fines distintos a los señalados en este artículo.
En el dictamen se establecen multas de 200 a 2,500 salarios mínimos y de 1 a 5 años de prisión a los concesionarios o permisionarios de telefonía que de manera dolosa se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
“Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada”.
Además se deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante la autoridad competente o ante los propios concesionarios.
Las empresas deberán asignar un área con responsables operativos en la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
“El bloqueo de señales se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos”, señala la reforma.
Los concesionarios están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen.
Se turnó al Ejecutivo Federal la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, las leyes Federal de Telecomunicaciones; la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y la General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.