Refiere que esa prueba se realizó en franca violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares, transgrediendo los derechos fundamentales del ser humano y contraviniendo los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para la pacificación de la península coreana.
Consecuentemente, señala el documento, hace un llamado a los parlamentarios integrantes de los órganos legislativos de los países poseedores de armas nucleares, a adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de detonaciones e incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la existencia y uso de esas armas.
Asimismo, plantea solicitar a la delegación permanente del Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria, que adopte como prioridad en la agenda de la 133ª Asamblea de este organismo, la necesidad de llenar el vacío legal de desnuclearización, a través de un instrumento jurídicamente vinculante de proscripción de las armas nucleares.